Tribunales

Juzgan al exalcalde de Canillas de Aceituno por conceder licencias irregulares para viviendas

Está acusado de permitir obras en zona no autorizada - Le piden 20 meses de prisión y 10 de inhabilitación

25.04.2016 | 00:49
Aranda en su despacho en 2010.

­El Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga tiene previsto celebrar hoy lunes un juicio contra el exalcalde de la localidad malagueña de Canillas de Aceituno José Manuel Aranda, acusado por un delito urbanístico al conceder licencias para viviendas en suelo no urbanizable y «omitiendo la tramitación exigida en los expedientes». También se acusa al promotor y a la técnico de las obras.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, en 1999 el exregidor concedió por decreto licencias de viviendas solicitadas por el promotor acusado «a sabiendas de que contravenían frontalmente la normativa vigente aplicable en el municipio», ya que el suelo era no urbanizable, lo que se hacía constar en los informes de la secretaria del Ayuntamiento.

Asimismo, en 2002, autorizó al mismo promotor, según el ministerio público, la segregación de parcelas relacionadas con las licencias anteriores, también por decreto, «haciendo caso omiso a los informes de la secretaría de la Corporación que especificaban con toda claridad la prohibición de parcelaciones urbanísticas o segregaciones en suelo no urbanizable».

El fiscal sostiene que el promotor acusado y la técnico directora de las obras «llevaron a cabo las obras de construcción de 15 viviendas unifamiliares», amparándose en los permisos de obras y segregaciones anteriores, sabiendo de la irregularidad de las mismas. Las construcciones no son legalizables y el constructor, posteriormente, enajenó siete de los inmuebles.

El exalcalde está acusado por un delito continuado contra la ordenación del territorio en relación con otro de prevaricación, por el que se solicita, provisionalmente, 20 meses de prisión y diez de inhabilitación.

Al promotor y a la técnico de las obras se les acusa de un delito contra la ordenación del territorio, pidiendo la misma pena de cárcel y tres años de inhabilitación.

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