Los propietarios de cerca de 12.000 inmuebles ubicados en Estepona no pagaban hasta ahora el obligatorio recibo de la contribución. El Ayuntamiento ha detectado que un total de 11.920 viviendas no estaban inscritas en la Oficina de Catastro, según informó ayer el concejal de Economía, Manuel Aguilar.
Las arcas públicas sumarán 5,9 millones de euros tras las altas de estos inmuebles en el censo municipal de fincas rústicas y urbanas, calculó el edil. Asimismo, con estas nuevas inscripciones, el Consistorio recaudará dos millones de euros al año en Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
La intención del gobierno municipal no es subir los impuestos, según sus representantes. «Para el Ayuntamiento la prioridad es la lucha contra los incumplimientos», señaló el edil, quien consideró discriminatorio que unos vecinos paguen mientras otros no cumplen con sus obligaciones tributarias.
Plan contra el fraude fiscal. El departamento de Catastro del Ayuntamiento de Estepona detectó los inmuebles al comparar los planos catastrales con las viviendas edificadas. Este contraste le permitió comprobar que existían viviendas que no estaban registradas y por las que, por tanto, sus propietarios no tributaban. La operación se efectuó en el marco del plan contra el fraude fiscal.
El IBI no será el único impuesto afectado por esta iniciativa municipal. Aguilar adelantó que el Consistorio extenderá el control fiscal a otros tributos como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la tasa por apertura de establecimientos y por ocupación de la vía pública.
El concejal de Economía definió la fórmula como un método para evitar el aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos que sí cumplen con sus deberes impositivos. A este respecto, el edil recordó que a estos vecinos se les premia con bonificaciones a la hora de aportar la tasa de basura, con la reducción del tipo impositivo del IBI y con la eliminación de la tasa de licencia de apertura para una treintena de actividades comerciales distintas.
