El juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, cuya titular es la juez Isabel Tobeño Santa María, será el encargado de conocer las quejas y de investigar los hechos denunciados por los inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos, según informó ayer el juez decano de la capital, José María Páez.

La nueva Ley de Extranjería, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a principios de diciembre, prevé que un juez instructor se haga cargo de las competencias sobre estos polémicos centros, donde son internados los inmigrantes ilegales que esperan ser expulsados del país.

Esta medida debía entrar en vigor el 15 de enero, es decir, ayer, aunque en Málaga se llevó a efecto mucho antes, después de que Páez dictase un acuerdo por el que las quejas y denuncias de estos inmigrantes irregulares se recogiesen en el Juzgado de Guardia de Incidencias y, después, se turnasen entre los 14 juzgados de Instrucción de la capital. Hace unos días, se decidió finalmente que Instrucción 6 se hiciera cargo de esta labor, lo que supone especializar el juzgado en asuntos de extranjería –en su vertiente penal–.

El hecho es que la juez Tobeño tiene mucho trabajo que hacer, porque el CIE de Málaga es, junto al de Algeciras, uno de los más polémicos del país. Recientemente, la Fiscalía archivó unas diligencias informativas en las que se investigaba si 42 internos habían sido objeto de vejaciones e insultos racistas por parte de los funcionarios que los custodian; y, en julio de 2006, varios policías nacionales fueron detenidos por supuestos abusos sexuales a inmigrantes internadas en la institución a cambio de un trato de favor hacia ellas. Esta investigación continúa aún en curso.

Varias organizaciones no gubernamentales han denunciado que en estos centros algunos de los extranjeros son torturados o maltratados, lo que negó categóricamente el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En Málaga, el fiscal de Extranjería, Juan Andrés Bermejo, ha solicitado en innumerables ocasiones la necesidad de construir un nuevo edificio más acorde con los tiempos que corren y que presente mejores prestaciones que el actual, ubicado en un antiguo cuartel militar que ha sido reformado varias veces.

Ello cobra más importancia ahora, porque el tiempo de internamiento hasta que se produzca la expulsión se prolonga desde los 40 hasta los 60 días, siguiendo el criterio de la Unión Europea.