La Sección I de la Audiencia Provincial de Málaga, encargada de enjuiciar el «caso Malaya» a partir del próximo 27 de septiembre, sube el tono de sus palabras en los autos con los que se dirige a las defensas de los 95 acusados. En uno de ellos, al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, el tribunal vuelve a enseñar los dientes para advertirle al empresario y procesado Andrés Liétor de que no tolerará «el abuso de derecho ni el fraude de ley».

Liétor envió una carta el pasado 26 de enero a numerosos abogados defensores de «Malaya» para citarles a una reunión en Madrid. En la misiva, aseguraba: «Estoy tratando de coordinar, en la medida de lo posible, y con los abogados que quieran participar, una reunión de abogados defensores de los procesados de «Malaya», para que hablen entre ellos y coordinen y colaboren entre sí, y en la medida que sea posible, una estrategia defensiva más o menos común, que sirve para defender los intereses comunes de todos los procesados».

A su «humilde criterio, ello pasaba por dilatar al máximo la celebración del juicio, ya que de lo contrario, y dada la evidente politización del caso, es más que probable que finalice con una dura condena para todos y antes de las próximas elecciones de la primavera de 2011».

En esta estrategia, el empresario y socio de Carlos Sánchez decía contar con el apoyo de ocho abogados y, en breves fechas, esperaba tener la asistencia de otros cuatro más.

No hay «amenazas»

Esto fue entendido como un intento de dilatar el proceso. Y, ahora, el tribunal le indica a Liétor que «el abuso de derecho» y el «fraude de ley» son conceptos jurídicos ajenos a toda idea de amenaza. «La Sala no ha realizado ni realizará nunca esa clara amenaza a que se refiere en su escrito», le explica al representante de Liétor.

Son el fraude de ley y el abuso de derecho los conceptos que hay que evitar «cuando las conductas de los justiciables o de sus representantes legales obstruyan o pretendan obstruir con maniobras torticeras el normal desenvolvimiento de un proceso penal», subraya la Audiencia Provincial, en clara referencia a la misiva que envió el empresario.

Se queja también Andrés Liétor en su escrito de que las instalaciones que ha puesto la Audiencia Provincial para que los letrados puedan analizar el sumario no son las mejores. «Considera el señor Liétor que las actuaciones han de ser examinadas en un pasillo con sitio para una sola persona sentada en un trozo de mesa compartida, sin ninguna comodidad ni facilidad de ninguna clase», indica la Sala, que añade que los funcionarios son correctos con ellos. A esto opone el tribunal: «Al señor Liétor le hemos ofrecido lo que tenemos; tales instalaciones que a usted no le parecen adecuadas son las que día a día utilizan, con toda dignidad, los funcionarios de la Sección Primera de la Audiencia, y, en concreto, esas mesas y ese pasillo por usted utilizado es el que va a estar destinado al secretario nombrado para la celebración de este juicio».

Es más, el tribunal indica que ha hecho todo lo posible para preparar un macroproceso como éste «poniendo todo el empeño en facilitar las tareas a los letrados».

«Conceptos oscuros»

En el auto, fechado el pasado 28 de mayo, la Sala se opone a aclarar diversos aspectos de un auto anterior, lo que solicitó la defensa de Andrés Liétor, al entender que había en el mismo «errores materiales y conceptos oscuros».

Recalca la defensa que no ha resuelto la Sala si el tribunal del jurado sería más idóneo para juzgar los delitos de «Malaya», a lo que responde el órgano colegiado: «Los concejales procesados lo han sido por un delito de prevaricación, delito expresamente excluido por el legislador del enjuiciamiento por parte del tribunal del jurado, así como por sendos delitos de cohecho, es decir, estableciendo un indisoluble vínculo entre el dictado de una resolución administrativa supuestamente injusta y el cobro de una dádiva ilícita como contraprestación a aquella».

Por tanto, no se puede dividir el enjuiciamiento de los hechos, de forma que se corra el riesgo de que dos tribunales se pronuncien de forma contradictoria sobre un mismo tipo penal.

Liétor también protesta por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que le parece «inmotivada». Los magistrados le recuerdan que la misma se ejecutó «conforme a derecho» y por una «mera cuestión de apariencia».