El Ayuntamiento de Málaga decidió ayer, en un ejercicio de medida ambigüedad política, aprobar dos medidas distintas en torno a la prostitución. En la misma sesión plenaria, el Ayuntamiento aprobó, por un lado, la prohibición de ejercer la prostitución en las calles y espacios públicos y, por otro, solicitar su «regulación» al Gobierno de la nación. En ambos casos la doble postura salió adelante con los únicos votos favorables del equipo de gobierno.

La prohibición viene recogida en el articulado de la ordenanza de Convivencia Ciudadana, aprobada definitivamente ayer, y que establece sanciones económicas por el ejercicio de la prostitución a menos de 200 metros de centros educativos y viviendas, o espacios públicos. Las multas, que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros, abarcan desde «el ofrecimiento y la solicitud, a la negociación y aceptación de servicios sexuales retribuidos, siempre que estas actividades se desarrollen en espacios públicos». El acuerdo plantea que el dinero recaudado por las multas se destinará a programas de ayuda social para la recuperación de las personas implicadas en estas prácticas.

Sin el menor rubor político, el propio equipo de gobierno, propuso y aprobó pocos después instar al Gobierno central a establecer un marco normativo «que regule el ejercicio de la prostitución» y permita a las administraciones locales «mediar y tomar medidas en los problemas surgidos en el ejercicio de la misma».

Para justificar esta doble mensaje el alcalde, Francisco de la Torre, aseguró que el tema de la prostitución «no puede estar en el limbo jurídico de la legalidad».

De la Torre señaló que «hay un problema en las ciudades españolas y los ciudadanos nos miran a nosotros, a los ayuntamientos, para resolver el problema de la prostitución en la calle», al tiempo que añadió que «la ordenanza de convivencia da una respuesta, ya que al no estar regulada trata de resolverlo desde un punto de vista práctico».

A su vez, el concejal de Participación Ciudadana, Julio Andrade, defendió la ordenanza, «que está hecha con rigor técnico y jurídico» y siempre «es mejor que nada pues los problemas están ahí».

El portavoz de IU, Pedro Moreno, fue el más crítico, especialmente con su regulación en la ordenanza, al considerarla una «solución socialmente regresiva», que finalmente no supondrá más que «ahondar en la marginación de la personas que se dedican a eso» y se preguntó si lo que se quiere es convertir a los policía locales «en celosos guardianes de la moral pública».

La concejala socialista Dolores Fernández recordó que fue el PSOE el que introdujo que las multas se destinen a programas sociales, pero criticó la ordenanza, que «es una muestra de lo que es trabajar sin objetivos, sin saber lo que se quiere para Málaga» y argumentó que «no se puede improvisar y no se puede tratar con tantísima frivolidad un tema tan importante».