El tribunal del «caso Malaya», cuyo presidente y ponente es José Godino Izquierdo, ha autorizado que la letrada de Juan Antonio Roca, Rocío Amigo, pueda cobrar sus honorarios profesionales con el dinero obtenido tras la venta de un cuadro atribuido al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. Así, la Sala permite que esa cuantía sea percibida por la letrada a razón de 8.000 euros mensuales en concepto de minutas, gastos de desplazamiento y manutención.
Según consta en el auto, al que tuvo acceso La Opinión de Málaga, la letrada presentó un escrito el pasado 3 de septiembre fijando la cantidad mensual global que quería percibir en 10.300 euros, una petición que ya estudió la Audiencia Provincial el 20 de julio pasado cuando el ex regidor Julián Muñoz pidió pagar a su defensa con los bienes y el dinero embargados judicialmente.
Bienes lícitos
La Sala se lo permitió, pero le puso una condición: «El abono de las minutas se efectuará con cargo a bienes que sean de procedencia lícita o, cuando menos, que el tribunal no tenga conocimiento indiciario de su procedencia ilícita».
La Audiencia dejó clara su afán por solucionar los problemas a los que se enfrentan los letrados, por lo que sólo podrían pagar así a sus abogados quienes acrediten que no disponen de dinero para abonar los honorarios.
Esas cuantías debían considerarse «habituales y razonables», amén de tener que ser desglosadas y justificadas para que el órgano colegiado pudiera analizarlas, acordándose el pago mensual. En el caso del ex alcalde, su abogado, Javier Saavedra, percibirá 5.000 euros al mes.
En cuanto a lo solicitado por la jurista Rocío Amigo, 10.300 euros, «no puede ser aceptado por la Sala pues excede de lo que podría asumir como gasto un ciudadano medio», indican los togados.
«Por ello, el tribunal fija prudentemente la cantidad mensual total a satisfacer a la señora letrada en 8.000 euros», suma con cargo al dinero procedente de la venta en subasta pública «de uno de los cuadros que la policía atribuye al señor Roca y de cuya procedencia ilícita no existe certeza», exponen los magistrados.
En el caso de Julián Muñoz, éste afrontará las minutas de sus letrados con parte del dinero recibido por sus múltiples apariciones televisivas, concepto que no proviene de ningún tipo de actividad delictiva.
José Aníbal Álvarez, anterior representante de Roca, renunció a su defensa porque no había percibido ni un euro desde el inicio de la instrucción, en marzo de 2006.
En el «caso Malaya» hay de todo: letrados de oficio que representan a acusados sin ningún medio económico; abogados que sí cobran, pero poco, y grandes despachos profesionales de Madrid, Granada o Zaragoza que perciben altas minutas por sus asistencias letradas.
Fuentes judiciales establecieron que un abogado de renombre o una firma de prestigio pueden cobrar, desde el inicio de la instrucción hasta que el Tribunal Supremo (TS) conteste en casación, en torno a 300.000 euros.
