El informe jurídico solicitado a a la Diputación Provincial de Málaga a raíz de las irregularidades detectadas en la convocatoria de plazas públicas por parte del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) incide en la anulabilidad del procedimiento y aconseja volver a rehacerlo de tal forma que se ajuste a lo recogido en los estatutos del organismos y no se incurra en ninguna ilegalidad.

En concreto, el informe, que se ha elaborado tras una moción presentada por el PP que posteriormente se hizo institucional, recoge que, ante el hecho de que no se dice nada en la convocatoria de la vinculación de las nuevas plazas a los municipios que forman parte del CPB –tal y como recogen los estatutos– «nos encontramos ante un vicio de anulabilidad del artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, puesto que ha sido infringida una de las normas que forman parte del Estatuto del que se dotaron en su día todos los miembros del Consorcio».

«El informe no puede ser más claro, y viene a subrayar lo que el PP lleva meses denunciando, que no es otra cosa que las irregularidades en una convocatoria de plazas que podían tener como resultado que las mismas quedasen anuladas con posterioridad a la celebración de los exámenes, lo que produciría un grave perjuicio a los opositores», indicó el portavoz del PP en la Diputación, Francisco Salado.

De esta forma, en el informe se detalla que la anulabilidad de la convocatoria no se produce por la misma en sí, sino por el hecho de que parte de las plazas que se sacan a concurso no están vinculadas a ningún municipio, lo que incumple la normativa del CPB.

La asesoría jurídica recuerda en el documento que ya en 2006 advirtió que la parte de los estatutos en la que se determinaba que cualquier plaza debía quedar vinculada a un municipio para que esta fuese ajustada a derecho podía conllevar una serie de problemas como el producido en esta convocatoria, pero «este reparo fue ignorado por el equipo de gobierno de la Diputación y por los responsables políticos implicados en la creación del CPB», lamentó Salado.

Ante tal situación, el informe plantea dos alternativas: modificar los estatutos para adaptarlos a los términos en los que se ha redactado y publicado la convocatoria, lo que resultaría, a juicio del propio informe, «muy gravoso»; o bien, llevar a cabo la vinculación de las nuevas plazas a los municipios que por número de habitantes les corresponda y volver a redactar y publicar próximamente la convocatoria de plazas.