La compensación económica planteada por Fomento no es el único obstáculo que separa a las administraciones a propósito del Campamento Benítez. Una vez dirimida la cláusula y sus famosos 76 millones de euros, el debate se desplaza hacia un punto potencialmente brumoso, la calificación del futuro parque, que lleva aparejada la cuestión no menos crematística de quién se ocupa de costear a diario su mantenimiento.

Por lo pronto, lo único que parece claro es la rotundidad de las posturas de la Junta y el Ayuntamiento.

El Gobierno andaluz quiere que el recinto obtenga la calificación de urbano, lo que exoneraría a la administración autonómica, mientras que el Ayuntamiento, como es lógico, reivindica un parque metropolitano, mantenido por la Junta. El alcalde, Francisco de la Torre, volvió ayer a la carga al respecto y arguyó que su petición está justificada por la utilidad del recinto, que beneficiará, detalló, a varios municipios. Los terrenos del Benítez aparecen reseñados en el PGOU con la calificación de metropolitanos, aunque con la premisa de uso urbano, lo que presume el mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Málaga.

Junta a la catalogación del futuro parque, otra de las diferencias todavía latentes estriba en la exigencia de Fomento acerca de la retirada de Málaga del litigio que mantiene en torno a la propiedad de los terrenos, otrora cedidos por la ciudad al Ministerio de Defensa. A este respecto, el alcalde no se mostró excesivamente proclive a cumplir con la demanda y aseveró que los recursos judiciales se suspenderán «en el momento en el que se liciten las obras». Para el alcalde, no basta con la firma de un protocolo de intenciones, ni con un acuerdo previo. «A mí el convenio no me garantiza la licitación», puntualizó. La última batalla del Campamento Benítez todavía sigue pendiente.