La defensa del menor acusado por la muerte de María Esther, de 13 años, en la localidad malagueña de Arriate el pasado mes de enero, tiene previsto recurrir la sentencia del Juzgado de Menores número 1 de Málaga que condenó al joven de 17 años por el asesinato de la niña, según ha informado a Europa Press el letrado Andrés Gálvez.

Dicho juzgado emitió el pasado viernes la sentencia, en la que se condena al menor por un delito de asesinato a la pena máxima que recoge la ley, ocho años de internamiento cerrado y cinco de libertad vigilada, señalando que se incidirá en el sometimiento a programas de tipo formativo-profesional.

Según consta en el fallo de la resolución, también se incidirá en el trabajo a nivel de autoestima, empatía, autocontrol personal, resolución adaptativa de conflictos de interacción y competencia social, al tiempo que se fija el pago por parte del menor y sus padres de una indemnización para la familia de la víctima de 220.000 euros.

El abogado defensor ha explicado en declaraciones a Europa Press que en la resolución se razona la condena por un delito de asesinato "en alegaciones no planteadas por las acusaciones en sus escritos y, por tanto, que no se vieron en el juicio", que comenzó el día 2 de noviembre y se celebró a puerta cerrada durante cinco sesiones.

Asimismo, Gálvez ha indicado que la sentencia "no resuelve sobre todos los motivos de indefensión" planteados por su parte. Durante el juicio, el letrado cuestionó la investigación y apuntó que "aparece ADN de hasta cuatro personas", uno de los supuestos motivos de condena, considerando que "nunca se ha intentado buscar a los responsables y se ha querido encontrar en el menor al culpable".

Tanto la Fiscalía de Menores como la acusación particular, en representación de la familia de la niña, mantuvieron la acusación por asesinato y la petición de la pena máxima que permite la ley, a lo que ha sido condenado; mientras que el menor se declaró inocente y su defensa solicitó la libre absolución.

Durante la celebración del juicio, al cumplirse el periodo máximo de nueve meses previsto de internamiento preventivo, el juzgado acordó una medida de convivencia en grupo educativo, es decir, el ingreso en un piso tutelado, además del alejamiento del joven de Arriate tras solicitarlo las dos acusaciones. Esta decisión se mantiene por el momento, aunque fue recurrida por la defensa.