El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, ha justificado el pago de 60.000 euros al que fuera jefe de la Policía Local Rafael del Pozo, según consta en los archivos, en dinero que él dio como entrada o reserva para una vivienda en la que el mando policial estaba interesado y que al final se quedó el propio Roca porque Del Pozo no consiguió la hipoteca.

Roca ha seguido este lunes su declaración en el último bloque del juicio del caso 'Malaya', en el que se analizan los presuntos cobros recibidos por parte de empresarios acusados y los supuestos pagos que realizó a exediles y otros funcionarios, como Del Pozo, el que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes y el funcionario judicial Francisco Ramírez.

Sobre Del Pozo, el principal acusado ha explicado que le hizo "un estudio" sobre lo que tenía que conseguir de hipoteca para poder quedarse con la casa "y llegó al acuerdo de dar la entrada de la vivienda y si él no puede hacer frente, me quedo yo con ella", ha dicho. "La hipoteca no se consiguió y lo que hago es quedarme con la vivienda y sigo pagando yo", ha indicado.

Asimismo, ha apuntado que otro pago de 6.000 euros, que consta igualmente en los archivos informáticos intervenidos en la empresa Maras Asesores, era para ayudar a éste y a otro mando policial, que no está acusado en esta causa, a pagar la matrícula de los estudios de Derecho en una universidad privada, pero ha explicado que, "aunque lo pongo en el fondo, nunca se lo entrego".

Analizando las referencias en Maras relativas al exsecretario municipal, Roca ha explicado que el pago de 18.000 euros está relacionado con una aportación de un promotor --no acusado-- que le presentó Barrantes y que quería vender una parcela. Tras hacerle la gestión, Roca ha dicho que recibió una comisión que quiso compartir con el fedatario público, pero éste se negó.

No obstante, el principal acusado ha indicado que, aunque Barrantes "dice que no quiere compartir la comisión, lo que hago es un regalo a su hija", a la que, según ha dicho, dio dicho dinero. Ha negado que este pago tenga relación alguna con la emisión de certificados de haber transcurrido el plazo de la solicitud de licencias de primera ocupación.

Respecto al funcionario judicial Francisco Ramírez, ha señalado que le dio 6.000 euros "por una intermediación en una operación de unos terrenos" propiedad del empresario acusado Manuel Lores, del que era "amigo". Roca ha admitido que le regaló un reloj también, pero ha negado que fuera una persona que le contara lo que pasaba en el juzgado, aunque sí ha reconocido que le preguntó por la quiebra de Comarsa y alguna vez le informó de citaciones de ediles.

EDILES

A preguntas del fiscal, Roca ha seguido detallando los supuestos pagos, reflejados en los archivos de la sociedad Maras Asesores, a ediles del entonces Gobierno local, como la exandalucista María José Lanzat, indicando que le hizo llegar al entonces portavoz de la formación, Carlos Fernández, que está fugado, sobres con sus iniciales dentro del acuerdo político, presuntamente por un total de 24.000 euros.

En el mismo sentido se ha referido al también exconcejal del PA Pedro Pérez, cuyas anotaciones aparecen con su apodo 'Chotis', que habría percibido supuestamente la cantidad de 30.000 euros. Sobre la exedil Carmen Revilla, ha hablado de un pago de 18.000 euros y de otros 48.000 euros como préstamo para la entrada de una vivienda, dinero que le devolvió.

Respecto a Javier Lendínez, que está en rebeldía también, ha admitido un pago, supuestamente de 12.000 euros, para que "en una eventual ruptura con el PA, apoyara la mayoría". El fiscal le ha preguntado por Carlos Fernández, aunque está en paradero desconocido, admitiendo el principal acusado que es "cierto" que le habría dado 150.000 euros como portavoz del PA y dentro de ese acuerdo político.

Roca ha dicho que "nunca" dio ningún tipo de gratificación a Miguel Jiménez, pero sí al exconcejal Emilio Jorrín y a la exedil socialista Belén Carmona, que habría recibido 36.000 euros por el mismo motivo "político". Sobre Rafael González, ha dicho que no recibió dinero por incorporarse en el equipo de gobierno y sí le daba distintas cantidades que eran "la diferencia de lo que el Tribunal de Cuentas le embargaba de su nómina".

VIVIENDAS Y GRÚA

Roca ha admitido que recibió dos vivienda del acusado Máximo Filippa, negando que esta entrega fuera por la tramitación de promociones, "que no han necesitado de mi intervención" o por la licencia de primera ocupación, sino por la participación en negocios con el padre del procesado, con el que tenía relaciones comerciales "antes de que Jesús Gil fuera alcalde".

Sobre el empresario Ismael Pérez Peña, primer acusado en llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción admitiendo que dio dinero a Roca, éste ha indicado que estaba "enfadado sin sentido" con la exalcaldesa Marisol Yagüe por una deuda "generada por su intimísimo amigo Jesús Gil". Ha admitido que éste le prestó dinero en B, aunque "yo lo necesitaba en A", que fue intervenido por la Policía.

Respecto al servicio de grúa, ha explicado que asesoró sobre los estudios a realizar respecto a las tarifas, pero ha asegurado que no intervino en el trámite administrativo. Ha dicho que Pérez Peña estaba interesado en hacerse con este servicio, siempre que se actualizaran las tarifas, negociaciones que, según ha precisado, llevó el exedil Victoriano Rodríguez --ya fallecido--.

No obstante, ha desvinculado ese interés del empresario en el servicio, que planteó a la Comisión de Gobierno, de la deuda que tenía el Ayuntamiento con él, sobre lo que sí hizo él gestiones para darle soluciones que no le llegaron a convencer. Finalmente, según ha declarado, Pérez Peña renunció a gestionar la retirada de vehículos.