Los afectados han salido a la calle para protestar ante la Delegación de Empleo de la Junta y reclamarle y exigirle a la administración regional que les pague. Se trata de los empleados de los Centros Especiales de Empleo y de los representantes de las asociaciones de discapacitados, que lanzan la voz de alarma y explican que los impagos de la Junta han puesto en peligro el empleo de cientos de discapacitados, así como los diferentes servicios que se les prestan al colectivo en la provincia a través de subvenciones de la administración (atención a niños con graves dificultades, transporte adaptado, atención psicológica al usuario y a familiares, tramitaciones de ayudas, programas de empleo orientado y dinero para el propio mantenimiento de estas organizaciones).

300 trabajadores afectados. La Federación provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos de Málaga FAMF-Cocemfe y las 26 asociaciones de Málaga que aglutina esta federación han llegado «al límite». La Junta acarrea retrasos en los pagos que datan desde 2010 y hasta la actualidad, lo que está imposibilitando hacer frente a las nóminas y dificultando la prestación de servicios, destaca el presidente de la FAMF y portavoz de estas entidades, Joaquín Fernández. El representante asegura que esta situación afecta a 300 trabajadores discapacitados, además de al resto de las personas a las que se atiende a través de los diferentes servicios.

Ayer iniciaron la primera acción de protesta y esperarán, dicen, una respuesta de la Junta de Andalucía. Si ésta no se produce en unos términos satisfactorios continuarán con una serie de medidas, indica Fernández. El caso es que están en peligro los empleos de un colectivo tan sensible como es el de los discapacitados y, además, los servicios de estas asociaciones. «El 90% de las personas discapacitadas de la provincia está atendida por nuestra red. Se trata de programas de las delegaciones de Educación, de Bienestar Social y de Empleo, además de las ayudas al mantenimiento», afirma. Tan sólo a la federación, es decir, a los centros especiales de empleo de la propia federación y los programas específicos de ésta, la Junta les debe desde 2010 y hasta la actualidad un total de 1,2 millones de euros.