El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto, en un informe remitido en abril a los jueces de toda España, una drástica reducción de los partidos judiciales del país amparándose en criterios como la racionalidad, la eficacia y la extensión de la tecnología, aunque una de las principales razones, como se recoge en el documento, es la económica con la crisis de fondo. En concreto, los partidos pasarían de 431 a entre 190 y 200. En Málaga, la reducción sería muy importante: de los once actuales sólo quedarían cinco, según el estudio al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

Los operadores jurídicos se quejan de falta de transparencia, pues no se les ha informado sobre esta propuesta, que será debatida mañana en el pleno del Consejo, aunque la decisión definitiva al respecto corresponde al Ministerio de Justicia, cuyos responsables deben ponderar si la incluyen tal cual en el anteproyecto de la Ley de Demarcación y Planta.

En Málaga, el partido judicial de la capital absorbería Antequera y Archidona, de tal forma que el mismo estaría compuesto por 37 juzgados, aproximadamente la mitad civiles y el otro 50%, penales. Marbella sería la cabeza de un partido formado por Ronda y Estepona (21 juzgados); Vélez incluiría a Torrox (siete órganos); Fuengirola a Coín (doce) y sólo Torremolinos quedaría igual (diez juzgados).

Quejas, protestas. Este cambio ha levantado una polvareda en Antequera, con un partido judicial que tiene casi un siglo y medio y con colegios profesionales propios. Incluso el Ayuntamiento se ha significado en contra. En Coín, por otro lado, se preguntan qué pasará con el novísimo Palacio de la Justicia y se quejan de que los procuradores y abogados de esta localidad tendrán que trasladarse hasta Fuengirola: en concreto, creen que los desplazamientos de profesionales y justiciables se duplicarían. Los profesionales ya han formado una Plataforma Pro-partido judicial y han enviado un escrito al Consejo en el que muestran su disconformidad.

El informe fija que los nuevos partidos judiciales deben servir a poblaciones superiores a los 100.000 habitantes y el desplazamiento desde las distintas ciudades a la cabecera no podrá exceder de una hora. También se exige la existencia de un mínimo de ocho juzgados (la mitad de instrucción y la otra de primera instancia).

El Consejo indica que se trata de mejorar la calidad del servicio y la atención al ciudadano, racionalizando la circunscripción judicial. Se tiende, además, a la especialización de los jueces en materia civil y penal –se separarán las jurisdicciones y desaparecerán los órganos mixtos–; se agruparán también los juzgados de Violencia de Género, y todos esos partidos dispondrían de servicios de apoyo a la actividad judicial y de atención al ciudadano. Todas las víctimas de violencia machista recibirán atención inmediata, y se facilita el despliegue de la oficina judicial.

«La atención y la proximidad de la justicia al ciudadano no puede medirse en kilómetros, sino en tiempo y servicios», aclara como primer criterio el CGPJ; el desplazamiento del ciudadano al juzgado debe ser excepcional dada la implantación de nuevas tecnologías y la reordenación deberá atender la circunstancias político-económicas de la zona.

Optimizar recursos. «Se trata de evitar una excesiva dispersión de recursos humanos y medios materiales que impediría alcanzar los principios de racionalidad y economía», precisa el Consejo en el documento. Incluso, se permite dispersar las sedes entre las distintas ciudades.

El problema es que el juzgado, como tal, está llamado a desaparecer. Así, los diferentes juzgados de instrucción y civiles se agruparían bajo un tribunal de primera instancia que estaría formado por un presidente y los diversos magistrados. Éstos se apoyarían a su vez en servicios comunes de tramitación y notificación, como explica el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Alcalá: «Ocurre como en sanidad: antes se abría un centro de salud en cada pueblo y para operarte ibas a Carlos Haya. Ahora se apuesta por centros especializados (chares). Ahora, los jueces estarán más especializados; habrá menos vacantes y ausencias, porque el decano o el presidente del tribunal de instancia decidirán los sustitutos; no habrá tanta movilidad, como ocurre en algunos partidos y la respuesta será más rápida porque no habrá juzgados más o menos saturados».

Alcalá asegura que ahora es el momento de proponer y debatir: «Por poner una pega, se podría crear un partido al norte de la provincia». Recuerda el presidente de la Audiencia que en Francia hay veinte jueces por cada 100.000 habitantes frente a los diez de España. Sin embargo, este país cuenta con más juzgados que el país galo. «Hay que cambiar la mentalidad y dejar de pensar en el juzgado», recalca.

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Manuel Camas, afirma que los letrados llevan cinco años pidiendo una reforma que será positiva si va en la línea de primar las tecnologías y la reorganización eficaz del trabajo. «Tenemos que analizar cómo afectará esto a cada lugar concreto; no basta con concentrar órganos, se necesita un cambio profundo, siempre que al mismo tiempo los tribunales de instancia cuenten con oficinas comunes eficaces y modernas», dice. Mañana analizarán la propuesta en junta de gobierno y luego el decano se reunirá con los delegados en los distintos partidos para buscar una solución o aportar ideas.

«Esta reforma ha generado un gran consenso, fue una propuesta socialista que el PP ha hecho suya con algunas modificaciones, y de la que también han opinado las asociaciones judiciales. Por otro lado, está copiada de Europa», señala Camas.

Procuradores. El decano del Colegio de Procuradores, Francisco Bernal, no ve tanto problema, sobre todo con la introducción de la tecnología. Incluso el consejo habla de que no es posible tener un juzgado en la puerta de casa. «Ha faltado transparencia y se ha echado de menos que hablaran con los colegios profesionales, pero yo no sé si eso se puede llevar a efecto y si se adecua a la realidad de hoy día», apunta. La crisis económica, como reconoce el órgano de gobierno de los jueces, «obliga a optimizar recursos».