Sanidad

Salud emite facturas de hasta 24.000 euros por atender a inmigrantes sin papeles

Málaga acapara desde septiembre 32 reclamaciones de las 42 del total de la comunidad

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Miembros de la Plataforma de Solidaridad con los inmigrantes de Málaga, ayer.
Miembros de la Plataforma de Solidaridad con los inmigrantes de Málaga, ayer.  Carlos Criado

Marina Fernández El decreto ley que entró en vigor el pasado 1 de septiembre relacionado con la atención sanitaria a inmigrantes ha dejado en dos meses y medio un total de 32 reclamaciones de las 42 de la comunidad, lo que sitúa a la provincia a la cabeza de Andalucía. En muchos de estos casos, los centros de salud y hospitales de la provincia han emitido facturas que debían abonar los indocumentados, algunas por valor de hasta 24.000 euros.

A pesar de que la Junta de Andalucía rechazó no atender a los inmigrantes indocumentados, las quejas se han multiplicado desde septiembre, aunque es imposible cuantificar cuántas se han producido puesto que 32 son las que han llegado a manos de las organizaciones sociales malagueñas.

Con motivo del Día Internacional de las personas migrantes, la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga denunció que la mayoría de incidencias han tenido que ver con la denegación de cobertura sanitaria a inmigrantes en muchos centros de salud de la provincia, aunque muchas de éstas también han tenido lugar en hospitales. Según el representante de Médicos del Mundo en Málaga, Gabriel Ruiz, en algunos casos se les han exigido requisitos «arbitrarios» que los derivaba directamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que directamente los echaba para atrás.

«Además, aunque el decreto no deniega la atención a menores, no los cuenta como asegurados. España incumple así tratados y convenciones internacionales», afirmó. Aún así, explicó que a posteriori los problemas se resuelven rápido, aunque subrayó que antes de empezar con el trámite, deberían llevar a cabo la atención «y después preguntar». En cuanto a las 12 facturas emitidas, algunas de 400 euros y otras que alcanzan los 24.000, todas se han anulado, aunque aseguró que se trata de un proceso «muy complejo».

Ruiz informó de que en una reunión con la Delegación de Salud sus responsables les trasladaron que las desvíen para anularlas en la fase inicial, aunque desde Médicos del Mundo lamentaron que se emitan pese al compromiso de la Junta de atender a todos los extranjeros. «Se aplica igual que cuando el perfil es el de un extranjero residente en la Costa con dinero», criticó.

El portavoz de la Plataforma de Solidaridad con los y las Inmigrantes de Málaga, Luis Pernía, apuntó que esto se produce porque «a pesar de que la voluntad del Gobierno andaluz ha sido atender a todos, la realidad es otra, ya que hay una serie de trabas, desde el Real Decreto hasta aspectos informáticos, que impiden que eso sea realidad».

Por este motivo, Médicos del Mundo se reunirá de nuevo con Salud en la segunda quincena de enero para pedir que marque unas directrices comunes a los centros de salud y hospitales para evitar confusión y desinformación. Sin embargo, quisieron dejar claro que en los centros de salud que más volumen de inmigrantes reciben, como Palma Palmilla y Alameda-Perchel, no ha habido ningún problema.

Por otra parte, el director de Málaga Acoge, Alejandro Cortina, criticó el «endurecimiento» de la norma autonómica que regula los servicios complementarios de la enseñanza en los centros escolares y que «excluye» a los menores de origen inmigrante cuyos padres estén en situación irregular de ayudas públicas para servicios como el comedor escolar, el aula matinal o las actividades extraescolares. Así, explicó que Educación ha resuelto satisfactoriamente aquellos casos presentados por entidades sociales o directamente desde los colegios.

Empleadas domésticas. La portavoz de Uyamaa, Beatriz Quishupe, denunció ayer que las empleadas domésticas, muchas de ellas internas, trabajan muchas horas más de las reconocidas y que en la mayoría de casos no cotizan al no tenerlas dadas de alta en la Seguridad Social. También criticó que se haga la «vista gorda» a las agencias que emplean a estas mujeres, que dicen a los clientes que las contratan pero se quedan el dinero.

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