La Agencia Tributaria cierra el círculo sobre los abogados. La información que publicó ayer en exclusiva La Opinión de Málaga sobre el requerimiento de Hacienda al Colegio profesional para que en diez días suministre información sobre las minutas conflictivas de los últimos cuatro años de las que haya dictámenes o informes ha levantado una gran polvareda entre los juristas. Fuentes jurídicas informaron ayer de que han llegado quejas de la existencia de visitas sorpresa de inspectores e informáticos del Fisco a despachos con el fin de grabar «el disco duro» con los datos fiscales de la firma.
«Se están personando en despachos de abogados y procuradores un inspector de Hacienda y un informático para llevarse grabado el disco duro», aseveran las fuentes jurídicas, que no quisieron especificar las sociedades afectadas. Muchas de ellas se negaron a acceder a lo solicitado y se quejaron al Colegio de Abogados.
Esta ola de visitas sorpresa se enmarcaría dentro de la política de Hacienda contra este colectivo, en el que pretende aflorar bolsas ocultas de fraude. En el requerimiento se pide «una relación de informes o dictámenes emitidos por el colegio en 2009, 2010, 2011 y 2012, referentes a minutas de sus colegiados, sean como consecuencia de procedimientos de jura de cuentas, reclamaciones judiciales o extrajudiciales o referentes a determinación de las costas procesales». En definitiva, una radiografía sobre parte de lo cobrado por algunos de los 5.000 abogados malagueños.
Todo tiene sus matices: la Comisión de Honorarios del Colegio emite dictámenes cuando un abogado impugna las minutas de otra al considerarlas, por ejemplo, excesivas. Luego, esa información se devuelve al juez, que fija la cantidad a abonar. Es sobre esas minutas conflictivas -de 2009 a 2012- sobre las que se ha pedido información, de tal forma que se identifiquen también los abogados, el número de colegiado, su NIF y el importe resultante.
Si en diez días no se da esa información, el colegio podría ver abierto un expediente por posible infracción tributaria, aunque contra esa decisión caben dos recursos. Expertos consultados por este periódico consideran que van a por los grandes despachos de la costa.
Curiosamente, uno de los que más se ha quejado es el abogado de una gran firma marbellí implicado en un macrocaso de corrupción. Considera que esta iniciativa del fisco va a «poner bajo sospecha» a toda la profesión para conseguir una gran base de datos que usar luego a conveniencia.
Hacienda guarda silencio, pero no el decano de los letrados malagueños, Francisco Javier Lara. «Hemos pedido a la Agencia de Protección de Datos un informe vinculante sobre si estamos obligados a dar datos personales o no los podemos entregar. No es una cosa puntual, es una cosa requerida a todos los abogados y durante cuatro años, no es admisible».
También se ha encargado a un experto en Derecho Tributario que estudie qué hacer contra ese requerimiento. «Haremos lo posible por que se respete el secreto profesional», dice. Además, asegura que esos dictámenes luego se mandan al juzgado y es el juez el que los confirma, por lo que puede ocurrir que algunos no se hayan abonado al letrado.
Fuentes jurídicas y fiscales explicaron que lo habitual es pedir esta información a los juzgados, de tal forma que se reclaman los casos de un determinado procurador o abogado.
Juan Carlos Rivera, letrado con despacho en Estepona, aclara: «Me parece bien si se va por temas individuales, hay bolsas de fraude más grandes que en el gremio de los abogados. Generalizar debe ser una actuación prudente». Arturo García-Verdugo, también letrado, aclara: «Si ya teníamos limitaciones en la profesión, cada vez está más complicado. El abogado cumple una función social, pero se aprueban muchas medidas con afán recaudatorio que van contra nosotros».
Raquel Zapata, portavoz de la Plataforma de Abogados, tiene una opinión heterodoxa: «Lo veo bien. Hay minutas excesivas, debemos mirar a los lados. Los honorarios están limitados por abajo, pero no por arriba. Esto debería estar más articulado. Además, el secreto profesional es entre tú y tu cliente, otra cosa es la información fiscal de tu despacho. No puede ser que unos cobren 300 euros y otros 2.000 por un mismo trabajo».
Un reconocido experto fiscal, que trabaja para varios abogados, asegura que muchos le han llamado en las últimas semanas para explicarle su preocupación por la deriva que ha tomado el asunto. El responsable del despacho marbellí, por su parte, ha pedido a sus colegas que se adhieran a la carta en la que se niega a que el colegio facilite sus datos, algo que, por otra parte, no afecta a la institución colegial, que tiene sus cuentas en orden, sino a los letrados cuyas minutas han acabado siendo impugnadas. Este tipo de campaña, explica el asesor fiscal, son habituales en Hacienda, como ya ocurrió con los concesionarios que venden coches de lujo o los administradores de sociedades mercantiles.
@saumartin
