El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga, que investiga el caso de la lista de personas afines al PSOE, pidió ayer a la Policía Nacional que investigue si la concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, María del Mar Martín Rojo, recibió un correo con el documento.

En esta causa está imputada la secretaria de la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Marta Rueda, que compareció el 20 de mayo ante el juzgado para declarar como imputada en el caso, denunciado por CSI-F.

En dicha declaración, la secretaria de Rueda negó haber difundido el documento en cuestión y explicó que se produjo un «error», ya que su intención era reenviarse el correo a sí misma, a una cuenta personal, con el fin de seguir trabajando, pero lo remitió a la concejala de Economía. Además, negó que realizara el contenido del documento. Ahora, a través de una providencia, la jueza insta a que se libre oficio a la Comisaría Provincial de Málaga para que, a la vista de dicha declaración, «se investigue si la concejala de Hacienda del Ayuntamiento recibió el correo objeto de autos».

Esta causa se inició al llevar el sindicato CSI-F a la Fiscalía de Málaga el documento, en el que supuestamente aparece una selección de funcionarios afines al PSOE «y en el que no figura ningún dato profesional»; entendiendo que «discriminaba a los empleados públicos de la Administración autonómica según su afiliación política».

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Pilar Serrano, por su parte, pidió a Martín Rojo que explique si recibió y divulgó el correo. «La edil del PP debe aclarar estos hechos y explicar, en el caso de que fuera cierto, los motivos que le llevaron a difundir esa información; debe confirmar si fue ella la que difundió el correo electrónico», dijo.

Francisco Oblaré, vicesecretario del PP de Málaga, afirmó que «la clave de la lista negra es quién elaboró el documento y quién decidió crear dos categorías de funcionarios según su grado de afinidad y lealtad al PSOE». Según Oblaré, «esta es la principal falta de un proceso que debe esclarecer en qué circunstancias se llevó a cabo la lista, no cómo llegó a la opinión pública». «Es una falta muy grave hacia la función pública y una falta de respeto hacia los ciudadanos. Esa lista de afines discriminaba abiertamente a los empleados públicos de la Administración autonómica en función de su afiliación política. La única que debe dar explicaciones es la delegada de Economía, Marta Rueda, ya que no hay dudas de que el documento se originó en su departamento. Este es el principal problema: quién lo ordenó», concluyó.