El presidente de la constructora Sando, José Luis Sánchez, y Daniel Paunero, un ejecutivo de Dragados, tendrán que comparecer en calidad de imputados el próximo 15 de octubre en el Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, que investiga presuntas irregularidades cometidas en obras del puerto de la capital, concretamente en el muelle 9, el de contenedores, y en el atraque sur de cruceros.
Así se refleja en una providencia de la jueza que instruye la causa, facilitada este lunes en rueda de prensa por los trabajadores del puerto, que permanecen encerrados en la sede de la Autoridad Portuaria desde hace 131 días para denunciar la supuesta corrupción en el recinto portuario y "el saqueo continuado de las cuentas de esta institución".
Según los trabajadores, la actuación conllevó un perjuicio entonces, con irregulares que podrían oscilar entre los cinco millones de euros e, incluso, superar los ocho millones, y ahora, ya que los grandes buques, de cruceros y de contenedores, no pueden entrar. De hecho, el delegado sindical de UGT y representante del comité de empresa, Juan Antonio Triviño, ha incidido en que el muelle 9 presenta problemas estructurales.
En este proceso, cuya investigación tiene su origen en 2010, ya estaban imputadas cinco personas: dos trabajadores entonces del Puerto, entre ellos el ingeniero jefe de esta entidad; dos representantes de Sando, y uno de Dragados.
La primera fase del muelle de contenedores, realizada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Sando y Dragados, se adjudicó por 28,2 millones de euros, aunque, finalmente, se llevó a cabo por 35,9 millones.
En cuanto al atraque sur de cruceros, cuyas obras ejecutó la constructora Sando, se adjudicó por ocho millones de euros y se ejecutó por 12,2 millones, según Triviño.
Por otra parte, en relación con este proceso, Triviño, que ha comparecido junto con otros representantes sindicales y el abogado José Cosín, ha explicado que la jueza ha fijado a los tres trabajadores que han solicitado su personación como acusación popular una fianza de 20.000 euros, a presentar en un plazo máximo de 10 días.
Al no disponer de esta cantidad, que ha sido recurrida solicitando que sea rebajada, así como que se alargue el plazo para su pago, los trabajadores han anunciado la apertura de una cuenta bancaria en la que ciudadanos y organizaciones puedan colaborar haciendo sus aportaciones económicas.
Los trabajadores ampliaron la querella presentada por presuntas irregularidades, sumando los delitos de prevaricación; contra el medio ambiente, al no utilizar piedra de cantera en el muelle de contenedores, sino escombros; negociaciones prohibidas; asociación para delinquir; tráfico de influencias; fraude en subvenciones, y en subvenciones europeas.
Así, solicitaron a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que auditara las ayudas de la UE que había recibido el recinto portuario, una petición que ha sido atendida, habiendo pedido este organismo diversa documentación, ha indicado Cosín.
El representante de UGT ha exigido, por su parte, la constitución ya de una comisión de transparencia. Al respecto, el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, anunció el pasado mes de agosto la puesta en marcha para septiembre de un órgano de estas características, aunque de cara a futuras actuaciones.
Por último, Triviño ha anunciado que este martes tendrá lugar en el Instituto de Estudios Portuarios una jornada para informar de este conflicto, a la que se prevé que asista el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero.
