La marea de críticas de ciudadanos, partidos políticos y colectivos a la sentencia del caso Malaya no arredra al Tribunal encargado de sacar adelante el juicio, que ayer se limitó a recordar que el fallo es «justo, razonado y trabajado» y aseguró que, pese a que la opinión pública cree que los castigos impuestos son leves, «son las penas legales en su grado máximo» que la Sala sentenciadora podía imponer.
Fuentes del Tribunal recordaron ayer que el cohecho delictivo, el que vincula un pago determinado de un constructor a un acto administrativo ilegal, está penado con entre dos y cuatro años de cárcel, lo que en un principio entendió la Fiscalía Anticorrupción, pese a que luego, una vez que Juan Antonio Roca, principal encausado, confesó, se demostró que éste no retribuía a los concejales por decisiones urbanísticas concreta, sino que los tenía en «nómina», lo que sitúa al cohecho en un grado menor penado con entre uno y dos años de cárcel, y aun así, el castigo impuesto ha sido el máximo permitido.
«Son las penas máximas que hemos podido imponer, si nos hubieran dejado otro tipo delictivo hubiéramos impuesto otras penas superiores», señalan las fuentes.
Lo que ha quedado claro, a juicio del Tribunal, es la «corrupción generalizada» instalada en Marbella. «La sentencia es justa y adecuada, está razonada al límite y no podemos olvidar que se han juzgados hechos concretos a personas concretas y en un periodo concreto», aclara.
Lo que quiere decir la Sala es que Malaya sólo abarca el periodo comprendido entre agosto de 2003 y marzo de 2006, bajo el mandato como alcaldesa de Marisol Yagüe, y que los principales protagonistas de esta historia, como Julián Muñoz o Isabel García Marcos, tienen otras muchas causas de las que preocuparse.
Además, muchos delitos han prescrito y las acusaciones han pedido que un único hecho fuera entendido de diferente forma si el Tribunal iba desechando delitos. Así, la malversación de caudales sólo puede serlo de dinero, y no de parcelas, como alguna acusación trató de hacer pasar. Hay al menos 30 sentencias del Supremo que apoyan esta tesis. La apropiación indebida, por otro lado, sólo puede serlo de bienes muebles como un coche, y una permuta de terrenos no puede ser considerada así.
La Sala recuerda que ha tenido que revisar más de un millón de documentos, y que el juez instructor, Miguel Ángel Torres, hizo un trabajo «tremendo», al límite, con un horario muy prolongado, tomando declaración a mucha gente al mismo tiempo. Ello propició que algunas detenciones se pasaran del plazo legal establecido.
El Tribunal considera que eso es lo que ha quedado probado, y el apellido del cohecho lo pide la Fiscalía. Una petición de pena elevada es normal por parte de las acusaciones, ello crea expectación pero no siempre lo que solicita al principio se ve corroborado con pruebas en el plenario. «Respetamos la opinión de los ciudadanos, pero a veces hay que leer la sentencia y ver el porqué de las cosas. Gran parte del mundo jurídico está muy conforme con ella», dijeron las fuentes, que insistieron en que es el legislador quien ha previsto estas penas para estos comportamientos, y, pese a que el Código Penal las ha endurecido en su última reforma, se trabajó en Malaya con un texto normativo antiguo, más indulgente.
La Sala, tal y como informó este periódico, fue más dura con el núcleo duro de Roca, el primer escalón, pero en los secundarios había muchos imputados por blanqueo que fueron a firmar la constitución de sociedades por 300 euros o sin saber siquiera lo que rubricaban.
El Tribunal aseguró que, con el respeto de la superioridad, se acordó que Marbella empiece a recibir ya parte de los 740 millones de euros de multa impuestos, y aseguró que otra pretensión que tiene es que el municipio reciba lo antes posible la responsabilidad civil de Saqueo 1, ya que el Ayuntamiento siempre se ha negado a recibir fincas; quería dinero. Ahora mismo, vendiendo varios inmuebles y fincas, el Consistorio podría recibir de inmediato tres millones de euros.
En cuanto al concejal fugado detenido el pasado jueves, Javier Lendínez, la Sala entiende que el cohecho, en el seno de Malaya, podría haber prescrito si se casa del tipo que se ha declarado probado en esta trama -tres años- o casi prescrito si se habla del delictivo, sobre el que el Supremo debe aún dar su opinión. Lendínez se fue en 2008. De la misma forma, ello afectaría a Carlos Fernández, aunque los dos tienen otras muchas causas pendientes.
Por otro lado, ayer se conoció que el Ayuntamiento de Marbella estudia recurrir la sentencia y la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, aseguró que ella no critica el fallo como han hecho otros partidos, sino que lo que pretenden es que el dinero de las multas revierta en el municipio. «La coherencia que ha demostrado el PP en todo este tiempo se ha visto recompensada con la sentencia del caso Malaya», señaló.
