El informe de auditoría de las cuentas de Limasa de 2012 pone de relieve que no está demostrado que los accionistas, tanto públicos como privados, hayan renunciado al reparto de los beneficios correspondientes a ese año, tal como en principio habían acordado y que, ante la falta de la documentación requerida , se están generando dudas de que tal renuncia al cobro de los beneficios se haya producido.

En 2012, ante el recorte de 6 millones de euros que sufrirían las cuentas de Limasa, el Ayuntamiento como accionista minoritario poseedor del 49% anunció el compromiso propio y el de los socios privados de renunciar a los beneficios que generase la empresa ese año, cuantificados en 1.200.000 euros. Para este año 2013 el alcalde, Francisco de la Torre, volvió a ratificar la prórroga de ese compromiso que mantiene la renuncia a recibir los beneficios que se generen.

Pues bien, en el informe sobre las cuentas del ejercicio del 2012, realizado por Pricewaterhouse Coopers y emitido el 11 de junio de 2013, cinco meses después de acabado el año y dirigido a los accionistas de la empresa, el auditor firmante del informe, tras recordar que los accionistas habían acordado «excepcionalmente» que el beneficio de la sociedad del presente ejercicio ascendiese a cero euros, es decir «renunciando al reparto de dichos beneficios», señala por el contrario que «a la fecha de emisión de este informe» (11 de junio de 2013) «no ha sido posible obtener la evidencia necesaria y suficiente» para comprobar que el mencionado acuerdo de renuncia a los beneficios se ha cumplido y que el mismo se haya realizado «según los requisitos y normas de valoración generalmente aceptados».

Dicho de otra manera, los auditores señalan que no se ha puesto a disposición del auditor la documentación necesaria que acredite que se ha hecho efectiva la renuncia al cobro de los beneficios. Ese acuerdo, según auditores consultados, debería haberse tomado en la reunión de la junta general de la empresa.

El informe de auditoría constata que no ha sido puesto a su disposición el documento con el acuerdo, de ahí que afirme que «no ha sido posible obtener la evidencia necesaria y suficiente para comprobar el mencionado acuerdo».

Por último, ante las dudas que genera la ausencia de esta documentación, el auditor señala que desconoce la incidencia que la obtención de esta información «pudiera tener sobre las cuentas generales de 2012».

Por lo demás, el informe del auditor señala que, «excepto esta salvedad», el trabajo de auditar las cuentas se ha realizado de acuerdo con la normativa «que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales».