­El PP volvió a atacar ayer la normativa de ordenación territorial de la Junta de Andalucía y alertó de los efectos negativos que ésta provoca para el crecimiento económico de la provincia. El vicepresidente general del PP en Málaga, Francisco Oblaré, acompañado de los concejales de Urbanismo de Antequera, Mijas, Coín y Rincón de la Victoria -municipios gobernados por el PP-, reafirmó el rechazo de los populares al modelo impuesto por la Administración regional, cuestionando algunas de las leyes aplicadas a este respecto, como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el decreto litoral o el Plan de Ordenación Territorial (POTA).

De este último, aprobado en 2006, reclaman su derogación inmediata, por el «daño que ha hecho», en palabras de Oblaré, que detalló que «el 95% de los planes generales de la provincia de Málaga están afectados por el POTA, lo cual ha paralizado la ordenación de nuestra provincia. El Gobierno andaluz quiere vendernos que va a solucionar los problemas que ellos mismos han generado», añadió.

Por su parte, el concejal de Urbanismo de Antequera, José Ramón Carmona, se sumó a la demanda de Oblaré y recalcó la «ineficacia», la «inseguridad permanente en el acceso normativo» y la «política cambiante», por parte de la Junta, que ha supuesto para el mismo «el descontrol urbanístico».

A este respecto, el comité de asuntos urbanísticos de la vicesecretaría, que dirige el propio Carmona, ha determinado la necesidad de solicitar al delegado de Medio Ambiente en la provincia, Javier Carnero, una reunión para trasladarle su malestar. Carmona reclamó además más voz a los ayuntamientos municipales, que se están viendo afectados por los acuerdos de ordenación territorial. «El Gobierno del PSOE e IU ha actuado con mucha prepotencia y no ha querido escuchar nunca ni a los municipios ni a los ayuntamientos», valoró Oblaré.

El vicepresidente del PP provincial indicó que los planes de ordenación territorial perjudican especialmente a Málaga. «Es la más afectada porque no se han tomado medidas para que pueda estar en la línea de salida los primeros cuando empieza a desaparecer la crisis», instando a la Junta a que ponga la ordenación territorial «al servicio de la actividad económica y la creación de empleo».

El grupo popular ve imprescindible que Málaga «tire del carro» en competencia urbanística a nivel regional para servir al crecimiento provincial y que esté en condiciones al salir de la crisis.