«Con fecha 9 de septiembre de 2014 se ha notificado a esta Unidad de Carreteras de Málaga que por la Unidad de Seguridad Vial dependiente de la Subdirección General de Explotación y Gestión de Red del Ministerio de Fomento se ha dictaminado que no procede dicha ampliación de límites de velocidad existentes». El Gobierno no se le pasa por la cabeza cambiar el límite de velocidad que estableció en dos tramos de la A-45 en sentido Málaga, una medida reforzada en con la instalación en febrero de dos radares de tramo insque muchos asocian a la proximidad de la autopista de pago de Las Pedrizas.

A pesar de que el descenso de 100 y 80 kilómetros por hora provocó la reacción y la movilización de conductores, representantes políticos y administraciones, el ministerio niega cualquier posibilidad de volver al límite anterior que, curiosamente, conserva la misma vía pero en sentido Córdoba, Granada y Sevilla. Tal y como ha comprobado La Opinión de Málaga, algunos de los alcaldes de los municipios que solicitaron a Fomento que reconsiderara la medida ya han recibido el «no» a través de escuetas cartas que no argumentan una sola razón. Es el caso del regidor de Casabermeja, Antonio Domínguez (IU), cuyo Ayuntamiento aprobó meses atrás una moción para pedir explicaciones. «Entendemos que el tramo de los túneles puede ser más conflictivo, por lo que nuestra petición se centró en las causas que llevaron a bajar el límite en el segundo», explica el alcalde antes de reconocer que la respuesta le llegó hace una semana. «El escrito que nos manda la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental es un párrafo que niega abiertamente cualquier posibilidad de cambio, pero lo más extraño es que no nos ofrecen ningún tipo de argumento», añade. No menos sorprendido se quedó el alcalde de Alfarnate, Salvador Urdiales (PSOE), cuando recibió la misma negativa que ha echado por tierra su esperanza de que las mociones paralelas con ayuntamientos de diferentes color político consiguieran conmover a Fomento. «A nosotros tampoco nos han dado ningún argumento. No me parece correcta la decisión ni las formas», reaccionó el regidor de Alfarnate. El alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE), también lamenta que la misiva que recibió el pasado mes de octubre se redujera a un conciso «no procede». Fernández considera que no queda más remedio que asumir la respuesta, aunque eso no impedirá que los municipios que han hecho piña con este asunto «podemos hacer algo más para satisfacer a los ciudadanos a los que estamos dando voz». Porque no todo está dicho en este asunto. El primer teniente de alcalde y concejal de Turismo y Comercio de Riogordo, Antonio Gavilán, tiene previsto presentar en el próximo pleno de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía una moción similar a la de los alcaldes para seguir presionando desde un nivel superior.

El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez (IU), lidera otro de los ayuntamientos que en junio votó todos a una (IU, PSOE y PP) a favor de instar a Fomento devolviera el límite a los 100 kilómetros anteriores. Todavía no han recibido la carta, pero la lógica dice que el contenido será el mismo. «Aquél pleno fue la voz de todos los vecinos de Archidona que diariamente tienen que trasladarse a Málaga y que consideran que el descenso del límite de velocidad es excesivo», recuerda. Jiménez considera que los tramos afectados son «bastante seguros» como para tener que «aminorar tanto la marcha».

En la misma dirección opina el regidor de Antequera, Manuel Barón (PP), que en su día escribió personalmente a la Dirección General de Tráfico «para que se reconsiderara la cuestión, pero todavía no he recibido una respuesta». Barón entiende que la limitación debe obedecer a cuestiones técnicas, aunque reconoce estar pendiente al número de incidencias que el polémico tramo ha sumado entre mayo y septiembre para reforzar una opinión claramente a favor de aumentar el límite. «A lo mejor no a 120, pero sí por ejemplo a 100», propone.

La inflexibilidad de la administración también se exhibe en la respuesta que el Gobierno ofrece al diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón, que en septiembre formuló una pregunta parlamentaria sobre el asunto. «La señalización y, en particular, las limitaciones de velocidad se adecúan a las condiciones de seguridad de la vía», le contestó el Ejecutivo antes de añadir que «los conductores pueden elegir libremente entre la autopista de peaje y la autovía gratuita, siendo ésta última también una vía rápida y de alta capacidad dotada de las condiciones de seguridad adecuadas». Para la formación, la respuesta es insuficiente por la ausencia de argumentos de peso e insiste en que el Gobierno sólo pretende «disuadir» a los conductores para que no cojan esta autovía y «recaudar». IU no cree que se trate de un seguridad viaria porque «todos estos años no ha habido esa limitación y no ha sido un punto de siniestralidad alta». En cuanto a la recaudación, IU destaca cómo entre enero y septiembre el los radares saltaron en la zona 15.000 veces, «una media de 500 multas y 50.000 euros al día».