La juez Mercedes Alaya decretó ayer libertad con cargos para dos ex directores generales de formación que formaban parte de los 16 políticos andaluces detenidos en la operación Barrado por su relación con los cursos formativos, todos los cuales fueron puestos en libertad desde el martes. Ayer quedaron en libertad Manuel Brenes, ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, y Andrés Sánchez, ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo. De esta forma, quedaron en libertad nueve exdelegados provinciales de Empleo de Andalucía, cuatro ex directores generales y tres responsables de dos centros formativos públicos, uno de Mijas y otro de Almonte (Huelva).
En las imputaciones leídas a varios delegados de Empleo, la juez sostiene que existieron órdenes por parte de los superiores de la Consejería de Empleo para que sus subordinados no controlaran los cursos y beneficiaran electoralmente al PSOE. Alaya preguntó en octubre pasado a un testigo protegido si la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), de carácter público y dedicada a la formación, servía para financiar al PSOE.
Cuando el pasado martes se desarrolló la operación en las ocho provincias andaluzas, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvieron a dos delegados de la Consejería de Empleo en activo, la de Sevilla, Aurora Cosano, y el de Huelva, Eduardo Muñoz García.
