74 propietarios de viviendas en Carranque se han vistos inmersos de forma involuntaria en una disputa legal sobre qué profesionales están capacitados para realizar la ITE, la Inspección Técnica de Edificios, y pueden enfrentarse a una multa de 3.000 euros.

Estos vecinos, que contrataron a un ingeniero industrial técnico a finales de 2013 para que les hiciera la ITE por un precio total de 100 euros cada vivienda, recibieron una carta de la Gerencia de Urbanismo el pasado mes de abril que señalaba que el informe estaba firmado por este ingeniero técnico industrial, «cuando al tratarse de un edificio residencial los competentes son los arquitectos o arquitectos técnicos». En caso de no presentar el ITE «en forma y plazo», Urbanismo les advertía de que se enfrentaban a una sanción de 3.000 euros y «si se subsana voluntariamente tras el primer requerimiento se reducirán a 600 y 1.000 euros en el expediente sancionador que en su caso se incoe».

José Antonio Díaz, presidente de la asociación de vecinos Proyecto Carranque, entidad que de forma desinteresada se informó en Urbanismo sobre los requerimientos para el ITE y pidió al ingeniero técnico industrial un precio general para los vecinos «sin llevarnos un duro», ha mostrado su sorpresa por la carta. «Ahora resulta que 18 meses después de haber entregado este técnico la documentación, visada por el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales y con las tasas pagadas, el Ayuntamiento se descuelga diciendo que ningún ingeniero técnico industrial tiene atribuciones», lamenta, al tiempo que señala que los vecinos están «en una guerra que no les pertenece entre el Colegio y el Ayuntamiento». José Antonio Díaz destacó el apoyo que a cada vecino ha dado el decano del Colegio de Peritos, Antonio Serrano, al presentar diez páginas de argumentaciones jurídicas en un recurso por cada propietario afectado en el que subraya que los ingenieros técnicos industriales sí son competentes.

«Vamos a defender a los vecinos hasta las últimas consecuencias y si hay que ir al juzgado iremos porque tenemos razón», recalcó el presidente vecinal.

El decano del Colegio, Antonio Serrano, subrayó ayer a La Opinión que los ingenieros técnicos industriales «tenemos claro que hemos hecho este trabajo porque somos competentes» y recordó que así lo dispone el artículo 6 de la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que señala que serán competentes quienes «estén en posesión de cualquiera de las titulaciones habilitantes para la redacción de proyectos o direcciones de obras y dirección de ejecución de obras de edificación».

El decano negó que estos técnicos puedan quedar limitados a arquitectos y arquitectos técnicos y recordó que la Autoridad de Competencia «deja claro que no puede haber reserva de actividad sobre determinado colectivos profesionales, sean los que sean». El recurso enviado al Ayuntamiento aporta jurisprudencia en ese sentido.

En todo caso, señaló que ha pedido una reunión con el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, «para hablar del asunto y tranquilizar a los vecinos porque si podemos hacer una nave industrial de 20.000 metros cuadrados, ¿cómo no vamos a poder ver si hay desconchones en una vivienda»».

El decano Antonio Serrano informó además de que hay una querella pendiente de resolución sobre la competencia de los ingenieros técnicos industriales y que ante todo, «estamos en trámites de solucionar esto y lo importante es que no se perjudique a los vecinos».

El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, precisó ayer que la multa sólo se impondrá si los vecinos no presentan la documentación, «y en esta situación les daremos todo el tiempo que necesiten porque los vecinos no tienen culpa de nada». Pomares indicó que ahora mismo hay «una batalla legal» sin dilucidar y que mientras tanto el Ayuntamiento «no puede saltarse la ley». De los 8.000 ITE presentadas, 150 han sido denegadas por haber sido realizadas por ingenieros técnicos industriales, informó.