La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a una funcionaria de la escala auxiliar de la Administración General del Estado, destinada en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del Distrito Este de Málaga, por expedir carnés de identidad y pasaportes a extranjeros que no tenían derecho a ello a cambio de ciertas cantidades de dinero.
La mujer ha sido sentenciada a un año de cárcel y a pagar dos multas de 540 euros cada una, además de a medio año de inhabilitación para cargo público, idénticas penas a las que ha sido castigado un abogado que hacía las veces de intermediario. Los hechos datan de 2002, por lo que las penas son menores debido a que se ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas. Los sentenciados lo son por cohecho y falsedad en documento público.
La acusada, cuyas iniciales son C. G. A., era responsable del Negociado de Documentación desde 2000, «teniendo encomendada, entre otras, las labores relativas a la confección y expedición del Documento Nacional de Identidad y pasaportes».
«En el verano de 2002, la acusada, por ciertas cantidades de dinero que le fueron entregadas por los interesados o por intermediarios no identificados, realizó los oportunos trámites oficiales en las dependencias en las que trabajaba para expedir tanto el DNI como el pasaporte español a favor de ciudadanos extranjeros que no tenían derecho a los mismos», precisa la Sala en la sentencia, acordada con la conformidad de los dos procesados.
Los beneficiarios no podían obtener estos documentos precisamente «por no haber obtenido la nacionalidad española o por no haber recuperado la misma de acuerdo con la normativa vigente, omitiendo la necesaria exigencia a los peticionarios, a tales efectos, de documentos imprescindibles», añade la Audiencia Provincial, tales como la partida de nacimiento o la tarjeta de residencia.
El 22 de julio de 2002 expidió, por 1.500 euros, un pasaporte a un ciudadano nigeriano con la intervención de un abogado, también sentenciado, y de un compatriota del peticionario. En el documento, en el apartado reservado a la autoridad habilitante de la expedición del mismo, la encausada «estampó su firma a pesar de no estar autorizada para ello».
El 14 de agosto del mismo año expidió por renovación un DNI a nombre de una persona «no identificada distinta del titular del documento», por lo que recibió dinero. El 20 de agosto de 2002 hizo lo propio con un marroquí, en concreto con un DNI y un pasaporte, todo a cambio de 12.000 euros que no cobró. El mismo día, por idéntica cantidad, expidió el DNI y el pasaporte a otro magrebí, y un día después repitió la operación con otro compatriota del mismo. También por 12.000 euros que no percibió en ninguna de las dos ocasiones.
Así, los días 23 y 29 de agosto, expidió DNI y pasaporte a los dos hijos franceses de un matrimonio español. Ambos fueron inscritos en el Consulado español de Toulouse (Francia). En ambos casos, le quitó una ese al segundo apellido «para dificultar su identificación». Por ello, supuestamente, la mujer recibió una cantidad indeterminada de dinero.
Los dos encausados, el abogado y la funcionaria, son sentenciados por un delito de cohecho continuado y otro de falsedad en documento oficial.
