La Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Málaga ha vuelto a ser, por segundo año consecutivo, la que más sentencias condenatorias ha conseguido sobre delitos urbanísticos: en 2014, los tribunales y juzgados malagueños emitieron 120 fallos condenatorios por ilícitos contra la ordenación del territorio, frente a sólo 19 absoluciones.
El fiscal coordinador de Medio Ambiente a nivel estatal, Antonio Vercher, felicitó públicamente a la Fiscalía malagueña hace unas semanas por haber logrado el récord de sentencias condenatorias por delitos contra la ordenación del territorio en todo el país, las 120 anteriormente expuestas, algo que los acusadores especializados en estos temas han conseguido por segundo año consecutivo, pues en 2013 ya alcanzaron las 100 sentencias. El fiscal delegado de Medio Ambiente de Málaga hasta hace escasas semanas fue Juan Calvo-Rubio Burgos, ahora fiscal jefe de Córdoba. Lo ha sustituido en el puesto Fernando Benítez, quien es especialista en esta materia desde 2007 y, por tanto, también ha contribuido de forma importante a alcanzar estos números.
Además, se lograron, al menos, 30 demoliciones efectivas en el mismo año de edificaciones con excesos de edificabilidad o levantadas sobre suelo no urbanizable, según consta en la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, a la que tuvo acceso este periódico. Lo cierto es que ésta es la cifra de demoliciones ordenadas por la autoridad judicial, pero en vía administrativa también se han tirado varias, por lo que el número real es mucho mayor.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga se queja, así, de que la demolición de edificaciones irregulares sigue siendo una tarea hercúlea, dado que los afectados recurren a todo tipo de argucias legales y procesales para retrasar en lo posible que derriben sus casas o para evitarlo in extremis, una crítica que no es nueva y que ya se ha recogido en años anteriores en las diferentes memorias de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente que, a su vez, se refleja en la de la Fiscalía Superior andaluza.
Esas treinta demoliciones son reconocidas, dice el ministerio público en el informe, «sin perjuicio de comprobar las numerosas dificultades que surgen en la ejecución de las órdenes de demolición debido a la utilización por los condenados de todos los medios procesales a su alcance».
Argucias legales
Así, éstos tratan de pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia para tratar de lograr, mientras tanto, la legalización de su construcción irregular; intentan que se paralice a raíz de la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, como última bala, piden su suspensión solicitando un indulto al Gobierno.
La Fiscalía también llama la atención en su memoria sobre la enorme sobrecarga de trabajo que soportan los acusadores públicos especializados en esta materia y los funcionarios que tramitan los diferentes procedimientos. Para empezar, dice la Fiscalía Superior de Andalucía, «el volumen de trabajo y la falta de incentivos para formar parte de la especialidad, provoca que en la mayoría de los casos la adscripción a la misma suele ser obligatoria».
A ello se añade que los fiscales especialistas han de compatibilizar su trabajo en el área con otras labores en materias distintas, siendo el Derecho Urbanístico «muy complejo».
Pocos medios
La Fiscalía andaluza califica de «situación insoportable» el momento que atraviesa el negociado «de diligencias de investigación e informativas y diligencias previas, pese al gran esfuerzo y dedicación de las funcionarias encargadas de la tramitación».
Además de ello, la aplicación informática con la que se trabaja en la Fiscalía suele arrojar unos resultados «alejados de la realidad». «Con esta situación no puede lograrse el deseado control, pues no es posible repasar su estado ni mucho menos cumplir los plazos en su tramitación», precisa.
En cuanto a la tramitación de la ejecución de las sentencias, en Málaga se está intentando que el despacho de las mismas las lleve un solo fiscal «para obtener mayor eficacia en su desarrollo». Es el fiscal decano quien decide si se interpone recurso. Asimismo, también se trata de controlar todas las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial, al objeto de conocer de primera mano la interpretación que las salas realizan sobre estos delitos.
Málaga es una provincia especialmente complicada en cuanto al urbanismo se refiere, dado que hay en torno a 60.000 casas ilegales, sobre todo en el litoral y los diseminados rurales, aunque ésta también ha sido una zona especialmente vigilada por fuerzas de seguridad y fiscales expertos en esta materia.
