Tribunales

Archivan la querella contra los antiguos responsables de la empresa Isofotón

La denuncia había sido presentada por la agencia IDEA contra Ángel Luis y Diego Serrano

01.12.2015 | 01:30
Fábrica de Isofotón.

Un juzgado de Instrucción de la capital ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa iniciada a raíz de la querella presentada por la Agencia IDEA contra Ángel Luis y Diego Serrano Serrano, antiguos presidente y vicepresidente, respectivamente, de la empresa fotovoltáica Isofotón, que se encuentra en proceso de disolución.

Así, en el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital, al que ha tenido acceso Europa Press, se considera que «no ha lugar» a llevar a cabo otras diligencias de investigación, solicitadas por los querellantes –la Agencia IDEA, dependiente de la Junta de Andalucía–en su escrito presentado en octubre de este año.

La querella fue presentada contra ambos responsables en relación con su actuación en las empresas Affirma SL, Isofotón SA y Silicio Energía SA, siendo partícipe en esta última la Agencia IDEA con un 17 por ciento. En relación con la falta de transparencia en la gestión, ocultación de información y negativa a celebrar junta de accionistas, en dicha resolución del juzgado se señala que «no consta que la Agencia IDEA instara el procedimiento judicial que tenía a su disposición para conseguir la convocatoria judicial de junta».

Asimismo, se apunta que los querellados explicaron en sus declaraciones que «esto no era cierto habiendo ofrecido datos sobre las reuniones con IDEA, el traslado de información y el intento de celebrar una junta», afirmando, además, que «había sido el letrado de la Agencia el que se negó a recibir la documentación».

En cuanto al resto de los hechos expresados, ambos responsables dijeron en sus declaraciones «de forma clara y precisa» el destino de las cantidades, insistiendo «en el pleno conocimiento de IDEA de toda las decisiones que se tomaban en la sociedad», sobre lo que presentaron documentación.

Ante estas declaraciones y la documentación aportada, la jueza dio traslado al ministerio fiscal, que «en un sorprendente informe afirmó que ninguna intervención debía tener en la instrucción antes del trámite de calificación», algo sobre lo que llama la atención la magistrada, «más teniendo en cuenta que en el caso presente se está investigando el uso de fondos públicos».

Así, la instructora entiende que debe acordarse el archivo provisional de las diligencias, a la vista de que las explicaciones de los dos exresponsables de la entidad «aparecen justificadas por la documental presentada» y de que el ministerio fiscal «no se pronuncia» al respecto.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio expresaron ayer su respeto a las resoluciones judiciales y anunciaron a Europa Press que los servicios jurídicos estudiarán los posibles recursos que puedan presentarse.

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