La Fiscalía de Málaga pide, en su escrito de conclusiones provisionales, ocho años de prisión y una multa de 6.480 euros para el administrador de la empresa Unisol, cuyas iniciales son J. M. G. M., por un presunto delito de apropiación indebida cometido al hacerse con 1,48 millones de euros por ejecutar cinco instalaciones solares fotovoltaicas en la provincia con otras tantas empresas, algunas de ellas gallegas, lo que nunca llegó a efectuar.
La acusación particular solicita una pena idéntica de cárcel para este administrador único y otros ocho años para el administrador solidario de la mercantil que sucedió a Unisol posteriormente, aunque este no es encausado por la Fiscalía.
«El acusado, bajo diversas denominaciones sociales, ofertaba la construcción de mantenimiento y explotación de las llamadas huertas solares -instalaciones solares fotovoltaicas- en la provincia de Málaga», precisa la Fiscalía.
Así, el 8 de agosto de 2007, como administrador único de Unisol SCA suscribió con Promoción Solar Gallega SA y Unión San Joaquín 16 SL, ambas representadas por un abogado gallego, y Unión San Joaquín 15 SL, «tres contratos de compraventa, ejecución y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, a realizar en la provincia de Málaga en un plazo no superior a nueve meses por un precio total, cada una de ellas, de 648.000 euros», siempre según el fiscal.
Ello propició que estas tres mercantiles hicieran transferencias a una cuenta que tenía otra sociedad del acusado en una entidad financiera. Cada una de las tres sociedades ingresó en dicha cuenta 150.336 euros, «cantidades de las que dispuso en su propio beneficio», aclara el ministerio público.
El 27 de enero de 2008, también como administrador único de Unisol SCA, suscribió con Energía Beco Sun y Soledad 2008 SL «sendos contratos idénticos a los anteriores y por el mismo precio para la compraventa, ejecución y mantenimiento de una instalación fotovoltaica». Esos contratos, según el relato acusatorio, fueron modificados el 11 de diciembre de 2008, de forma que el acusado actuó en representación de otra mercantil que sustituía a la anterior en la ejecución de lo pactado y de la que el acusado era administrador solidario. Así, dice el fiscal, se recibieron en la cuenta anterior dos pagos por importe, cada uno de ellos, de 519.155 euros, «cantidades de las que también dispuso en su propio beneficio». Todas las sumas hacen un total de 1,48 millones de euros.
La acusación pública pide, asimismo, que indemnice a las cinco sociedades en las cantidades supuestamente sustraídas.
