­Idalia María Frometa está desesperada. Es trabajadora de ayuda a domicilio y su deber es cuidar de personas dependientes que no pueden valerse por sí mismas. Una labor que lleva desarrollando años en Fuengirola y por la que siempre ha apostado como su medio de vida hasta hasta hace dos años. Un accidente de tráfico le obligó a estar de baja diez meses. Su dolor no mejoraba y fue al médico. «Me diagnosticaron fibromialgia» cuenta la mujer, de sólo 36 años, necesita de muletas para caminar y sostenerse.

Los dolores fueron en aumento hasta recalar en una medicación que le deja sin fuerzas, incluida la morfina, que necesita a diario para levantarse de la cama y atender tanto sus obligaciones personales como laborales.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social le ha dado de alta dos veces, todo pese a que afirma que su médico le insiste en que ella no puede trabajar, al menos en las condiciones que lo hace ahora. «Mi trabajo es ayudar y necesito que me ayuden a mí», se lamenta Idalia, que espera una sentencia desde el pasado noviembre para saber si le dan una incapacidad laboral. Mientras tanto, ha pedido a su empresa, Ineprodes, que la readapten a un puesto de trabajo en el que no necesite hacer grandes esfuerzo físicos. «Ahora me han puesto con una persona que está encamada a la que hay que levantar de la cama para el aseo o llevarla al sofá», señala la mujer, que reconoce que cada movimiento se le hace un mundo. «Ir a trabajar me supone mucho porque no tengo fuerza en las manos, necesito ayuda para ponerme hasta la ropa interior, imagina levantar a alguien a pulso», destaca Idalia, que sólo espera que le den un puesto administrativo en la empresa o que le destinen a un domicilio en el que el usuario de la Ley de Dependencia sólo requiera de acompañamiento o de ayuda para la toma de medicación.

Desde el Área de Dependencia de UGT en Málaga, Esperanza Ferrer señala que el caso de esta mujer es injusto porque tras pedir el cambio de puesto a su empresa ha ido a «peor». «Parece que al no atender a su petición están forzando que se vaya, ella se ve impotente, no está bien desde el punto de vista físico ni psicológico», señala la delegada del sindicato, que recuerda que las empresas reciben ayudas por contratar a personas en riesgo de exclusión social o con problemas y que no siempre se atiende a sus necesidades, todo pese a tratarse de mujeres que han sido maltratadas, madres solteras o extranjeras cuyos ingresos requieren exclusivamente de su trabajo, amén de las cargas familiares.

Fuentes de la empresa, con sede en Cabra (Córdoba), informaron a este periódico de que esta trabajadora venía de una baja subrogada cuando asumieron este servicio y que en todo caso el alta se la ha dado la Seguridad Social. «No tenemos ningún escrito de esta trabajadora en el que esté solicitando que la ubiquen en otro puesto de trabajo. Si quiere puede solicitar una adecuación de su puesto de trabajo por escrito», apuntaron desde Ineprodes.