Inversión pública

El año electoral y la parálisis institucional derrumban la inversión en obra pública

Cae un 45% y con 142 millones vuelve a mínimos tras el espejismo de 2014

05.02.2016 | 00:33
María García, Emilio López Caparrós y Violeta Aragón, ayer en la presentación de los datos de 2015.

La vivienda, mejor y «sin locuras»

  • Respecto a la vivienda, la ACP dijo que las perspectivas son buenas para 2016 pese a la anulación del PGOU de Marbella o la incógnita del futuro Gobierno. «Las ventas, los precios y los visados suben», recordó su presidente. De cara al futuro, sí dijo que promotores y bancos deben evitar errores del pasado que pudiesen llevar a una nueva escalada de precios. «Debe haber control para que no se hagan locuras. Pero lo digo sólo como llamada de atención», apuntó.

Las administraciones aprovechan la competencia de las empresas para lograr rebajas del 22% al adjudicar las obras – Las firmas locales sólo se adjudican el 42% de la inversión.

­Desolador y lleno de incertidumbre. Así califican los constructores malagueños el actual panorama de inversión de obra pública en la provincia tras un 2015 que firmó las peores cifras que se recuerdan con sólo 142,2 millones de euros, algo que el sector achaca al «escenario de parálisis» que han vivido las administraciones tras un calendario repleto de citas electorales y con muchos meses de vacío de gobierno. Según el informe anual de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), la cifra de licitaciones dejó un descenso del 45% en relación al ejercicio precedente e igualó el registro de 2012, hasta ahora el peor de la serie histórica.

«Estos datos arrojan un nuevo desengaño e incertidumbre al sector, esperanzado en la lenta recuperación que supusieron las inversiones de 2014. Nuestros temores se han visto sobrepasados por la realidad», afirmó el presidente de la ACP, Emilio López Caparrós, en referencia al año preelectoral. Las administraciones se afanaron entonces en sacar a concurso obras pendientes de grandes proyectos (caso del Gobierno con el AVE Antequera-Loja o la Junta con el tramo del metro Guadalmedina–Atarazanas), lo que permitió repuntar la inversión a 259 millones). Pero el 2105, con su cargado calendario de comicios, ha borrado de un plumazo la expectativa de continuar la mejora.

Por administraciones, quien menos invirtió fue la Junta de Andalucía que, con 18,7 millones, redujo sus partidas un 75%. El Gobierno licitó obras por 44,9 millones, con un descenso del 27,8% mientras que el poder local –ayuntamientos y Diputación– fue el nivel más inversor con 78,6 millones y una caída del 35,3%. «En todos los casos son las cifras más bajas desde 1997, que es cuando comenzamos estos registros. El panorama es desolador», apuntó López Caparrós, que aludió al «desengaño» y la «incertidumbre de futuro» que estos niveles dejan el sector.

Es más, la ACP afirmó que de continuar los recortes, hay un «grave riesgo» para la supervivencia de las más de 11.000 empresas de la construcción en Málaga y de sus 34.000 empleos. Antes de la crisis, en pleno auge residencial y de inversión en infraestructuras, el sector empleaba a más de 100.000 trabajadores. Los constructores siempre han sostenido que la obra pública es una inversión productiva y que por cada millón de euros para infraestructuras se generan 12 empleos directos y seis indirectos, con un retorno fiscal para la Administración vía impuestos del 68%. La ACP, que reúne a unas 500 firmas, estima que el nivel óptimo de inversión anual para la provincia debería rondar los 1.000 millones de euros, un nivel que no se ve desde el inicio de la crisis.

Los constructores afirmaron que algunos ayuntamientos no realizan más licitaciones, pese a contar con fondos, por el techo de gasto impuesto en las leyes de estabilidad presupuestaria del Gobierno y citaron casos como Marbella y Alhaurín de la Torre. «Es algo que se debería mirar para poder elevar la inversión», opinó. A nivel local, la ACP sí destacó el papel del Ayuntamiento de Málaga, que invirtió 26 millones, y de la Diputación con 47,3 (aunque 35 fueron inversiones para municipios y se computaron a través de ellos).

El informe constata además que Málaga se situó entre las provincias andaluzas con menor inversión por habitante (87,3 euros), sólo por delante de Huelva (69,3) y Jaén (86,6), y muy alejada de la media regional (128,5). Por volumen, fue la tercera tras Sevilla (278,6 millones) y Cádiz (192,2).

López Caparrós –junto a la gerente de la ACP, Violeta Aragón, y la presidenta de la junta de contratistas, María García– también señaló que las obras licitadas que de momento se han adjudicado presentan una baja media del 22,5% en su importe, lo que denota la gran competencia de las empresas por hacerse con los pocos contratos que sacan las administraciones.

«No es que las empresas nos hagamos competencia desleal pero sí deberíamos ir más al precio justo, porque al final todas salimos perjudicadas», reconoció. Por lo adjudicado hasta la fecha, también se concluye que las firmas locales de Málaga logran hacerse sólo con el 42% de la inversión total a concurso. El porcentaje oscila entre el 52% y el 54% que logran respectivamente de las inversiones de la Junta y de las administración local, y del 16% que únicamente consiguen de la inversión estatal.

La ACP citó necesidades de infraestructuras en Málaga en ámbitos como la depuración de aguas, las carreteras, el tratamiento de residuos urbanos industriales o la eficiencia energética. También aludió a proyectos como el plan de inundabilidad del Guadalhorce y la sustitución del puente de la Azucarera, el ferrocarril a Marbella o la construcción de centros hospitalarios, incluido el macrohospital que se barajaba para la capital. En su momento, la ACP ya canalizó algunas de estas peticiones a través de la patronal Fadeco de cara al catálogo de obras que pudiera incluirse en el plan Juncker europeo.

Además, las administraciones siguen adeudando unos 100 millones de euros a empresas de Málaga por obras ya realizadas y aún no abonadas. Estas deudas no entraron en su momento en los planes de pago a proveedores por estar en parte judicializadas. La deuda llegó a alcanzar los 300 millones.

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