El impacto de la crisis ha sido y es tan notable y prolongado que muy pronto, si no aumentan sus recursos, se podría hablar de una «década perdida» del sistema universitario español, iniciada en 2009 con la crisis, según el informe anual de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). Es la advertencia de los autores del estudio «La contribución de las universidades españolas al desarrollo 2015», presentado ayer, y que sostiene que es tan importante dotar a los campus de más recursos como conferirles la autonomía necesaria para sus retos.
El vicepresidente de la Fundación, Francesc Solé, reconoció que las universidades han ido superando la crisis con un «esfuerzo digno de resaltar» a pesar de sus «limitaciones», pero avisó de que los centros universitarios en el mundo «van a toda velocidad». Solé coincidió con el coordinador del trabajo, Martí Parellada, en que hay que «dar un golpe de timón» a la financiación en las universidades para revertir la actual situación.
Desde 2009 -«cuando empezó la política de reducción de transferencias públicas a la universidad»- el descenso de ingresos en las universidades públicas españolas ha sido del 17,9%, la plantilla de personal docente e investigador cayó un 6,6% y el número de alumnos bajó en 100.000 desde el curso 2011-12 al 2014-15. La reducción de los fondos desde 2008 a 2014 asciende, según el informe, a 1.900 millones. Si esto no se hubiera producido, en 2014 las universidades habrían contado con 6.000 millones de euros adicionales.
«La Universidad española se aleja de la europea y para ello hay que aumentar los ecosistemas y rebajar la barreras legislativas para que las universidades pongan el dinero donde toca», añadió Solé.
Los autores señalaron que a pesar de la mejora de la situación de España en términos de crecimiento del PIB, ésta «no se ha visto reflejada en el comportamiento de indicadores claves de la actividad de las universidades españolas y, singularmente, en las públicas».
El recorte de fondos se vio compensado con un aumento de los precios de matrícula, especialmente tras el decreto de racionalización del gasto educativo del Gobierno aprobado en 2012, que, según Martí Parellada, puede estar relacionado con la reducción del alumnado matriculado en las universidades públicas.
Además, creció la edad del profesorado universitario, pues el 45% tiene 50 años o más, por encima del Reino Unido (40%), Francia (37%) y Alemania (24%). «¿Hemos perdido un tren?», se preguntó Solé, que respondió: «Tal vez el tren se ha ralentizado, pero lo perderemos muy probablemente».
Por su parte, la presidenta de la Fundación CYD, Ana Botín, propuso en la presentación del informe que se vincule la financiación de las universidades a «los progresos en sus planes, objetivos y resultados». Reivindicó una estrategia para «atraer al mejor profesorado y al mejor alumnado nacional e internacional, mejorar la estabilidad en la contratación de personal docente e investigador extranjeros» e impulsar la movilidad de los docentes y la «interacción universidad-empresa».
El presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Segundo Píriz, se mostró a favor de todos los cambios que hagan mejorar, ya que la economía «pasa por el desarrollo de un modelo productivo basado en el conocimiento».
