La Junta de Andalucía ha desbloqueado el conflicto que mantenía con los empresarios de polígonos de Málaga y permitirá el desarrollo de nuevas zonas industriales en la ciudad, que estaban bloqueadas por el Estudio de Inundabilidad ante el riesgo que presentaban los suelos reservados para su construcción. Eso sí, se permitirá con condiciones, pero al menos se abre una puerta al entendimiento.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, aseguró ayer que es compatible ampliar los polígonos en la cuenca del río Guadalhorce si se cumplen con una medidas de seguridad previas. Así, rechazó que el Plan de Inundabilidad sea un obstáculo insalvable para el desarrollo urbanístico de la zona.
Estas declaraciones desbloquean una situación que llevaba parada desde hace poco más de dos años, cuando la publicación del Plan de Inundabilidad del Guadalhorce reveló la recomendación de frenar el desarrollo urbanístico hasta que se le dotase al cauce del río de una capacidad de desagüe suficiente. Esto, además, pasa por eliminar el antiguo puente del Cercanías, ya en desuso, y ampliar el puente de la
N-340, que representan los dos embudos del cauce del Guadalhorce.
El consejero indicó que es cierto que el Plan Hidrológico prohíbe nuevos asentamientos en zonas inundables, pero establece que, en caso de que resultara inevitable la ocupación, se procurará orientar los nuevos crecimientos hacia las terrenos inundables de menor riesgo, siempre que se tomen las medidas oportunas y se efectúen las infraestructuras necesarias para su defensa.
José Fiscal, según explicó ayer en el Parlamento andaluz a pregunta de Ciudadanos, insiste en que el Plan de Inundabilidad «no frena el desarrollo empresarial, sino que a través del cumplimiento de la ley protege a las personas, bienes e infraestructuras». Es por ello que los empresarios y trabajadores de las áreas inundables de los polígonos de Málaga «deben estar tranquilos», añadió.
El parlamentario de C´s Carlos Hernández White explicó que el plan ha traído consecuencias «muy negativas» para el tejido productivo de Málaga, ya que unas 3.000 empresas, de las que dependen en torno a 40.000 trabajadores, «pueden verse afectadas por una pérdida de valor patrimonial y un aumento de sus pólizas de seguros», detalló.
Hernández White insistió en que las restricciones del plan actual «suponen un freno a las inversiones en la zona».
