El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba el pasado mes de marzo el nuevo decreto ley de Medidas Urgentes para Favorecer la Escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil. Lo hacía a pesar de la oposición del sector, puesta en evidencia con distintas movilizaciones, paros y huelgas. Las guarderías se pusieron en pie de guerra en contra de una medida que, según denunciaban, atacaba a sus intereses. El Gobierno andaluz, sin embargo, refrendaba esta decisión en el Parlamento en abril, con los votos favorables de PSOE y su socio Ciudadanos. La nueva normativa permitirá aumentar este curso en 12.000 las plazas ofertadas para menores de tres años, hasta alcanzar las 110.000 en toda Andalucía, así como situar en 43.000 (7.500 más) la cifra con acceso gratuito a esta prestación esencial para el éxito educativo y la conciliación laboral y familiar. Sin embargo, una vez hechas públicas las bonificaciones, CCOO critica que el 60% de las familias tendrán que pagar más este curso por la plaza de guardería de sus hijos.
La lucha sigue. Y seguirá, según anticipa Miguel Ángel Palma, responsable de enseñanza privada de CCOO en Málaga. «Solo hay que esperar a que el 1 de septiembre se reanuden las clases y las familias noten cómo, en muchos casos, no van a ser capaces de soportar económicamente el nuevo precio de la plaza», explica.
Quienes tienen una renta alta, siguen sin recibir ningún tipo de bonificación y tienen que pagar el 100% del precio de la plaza de la escuela infantil. Quien tiene una renta muy baja, sigue sin pagar nada. «Pero estos casos solo representan el 30%», señala. El problema se encuentra, como casi siempre, en las clases medias, en las familias con dos cónyuges trabajando y recibiendo un sueldo y que «en muchos casos, se verán obligados a pagar el doble de lo que pagaban el año pasado», asegura Palma de CCOO, el sindicato mayoritario del sector. Esto hará que haya familias que, ante la imposibilidad de hacer frente al nuevo precio, «opten por dejar de llevar a sus hijos a las escuelas», con las consecuencias que esto tendría: menos niños implicaría supresión de unidades y, con ello, pérdidas de puestos de trabajo.
Al fin y al cabo, la Educación Infantil no es obligatoria, aunque es cada vez más elegida por los padres, que optan por llevar a sus hijos a la guardería para poder conciliar su vida familiar y profesional. Esto, unido a sus indudables beneficios pedagógicos y de sociabilización entre iguales, hace que pese al descenso de la natalidad, la demanda de plazas se mantenga estable en Andalucía. «Pero no a cualquier precio», señalan. «La asociación de Escuelas Infantiles Unidas ven peligrar los puestos de muchos niños cuyas familias, con rentas medias, no van a poder pagar la cantidad que se les pide ahora», insiste Palma.
El precio mensual máximo por plaza en el primer ciclo de Infantil se mantiene en 278,88 euros (para un servicio de ocho horas y comedor) y sólo se podrá adoptar un precio hasta un 15% más bajo en el caso del servicio de atención socioeducativa. Las ayudas seguirán recibiéndose en los centros, y las familias abonarán solo la diferencia con el precio establecido. Por otro lado, los requisitos y criterios de admisión seguirán siendo los mismos, es decir, podrán solicitar plaza los padres de niños cuya edad esté comprendida entre las dieciséis semanas y los tres años. Asimismo, se podrá solicitar plaza para niños en fase de gestación cuando su nacimiento esté previsto que tenga lugar con dieciséis semanas de antelación al comienzo del curso. Como novedad, las familias que no hubieran podido solicitar la ayuda en la convocatoria ordinaria, podrán solicitarla a través de otras extraordinarias.
Esta enseñanza es gratis para todas las familias con más de tres hijos matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil; las víctimas de violencia de género o terrorismo; cuando existan circunstancias sociofamiliares que originen carencias en la atención de las necesidades básicas de los menores; familias en riesgo de exclusión y aquellas cuya renta per cápita sea inferior al 0,5 del IPREM o del 0,75 en caso de las familias monoparentales.
A partir de este año, y con el nuevo decreto, para aplicar las bonificaciones se pasa de cuatro tramos correspondientes al 100%, 75%, 50% o 25% del precio a nueve tramos, del 100%, 80%, 70%, 60% y así sucesivamente hasta el 10%. El objetivo, según la Junta, es adaptarse a las condiciones socioeconómicas actuales de las familias y llegar a aquellas con mayores necesidades.
Sin embargo, en la práctica, según denuncia CCOO, la aplicación de las nuevas bonificaciones supone un incremento del precio para un importante porcentaje de la población. Esta situación, unida a las críticas recibidas por la Junta por parte de la patronal del sector, que desde el primer momento se quejaba de que el Gobierno andaluz había modificado el decreto «de forma encubierta, sin contar con todos los agentes implicados», y también por los partidos de la oposición, que tampoco comparten la nueva normativa y apoyaron los paros convocados el curso pasado, ya que también consideraban que el nuevo decreto disminuye las partidas de bonificación a las familias, harán con toda probabilidad que el inicio del curso sea movido.
«A partir de octubre es cuando se va a notar toda la repercusión. Sonia Gaya, la nueva consejera, no ha cambiado la línea argumental de su antecesora, Adelaida de la Calle. La Junta tomó una decisión de forma unilateral, no se habló en la mesa de Educación Infantil», insiste Palma, quien añade que si bien es cierto que se ha ampliado el número de plazas disponibles, «los presupuestos son los mismos». «Se va a financiar a cargo de lo que se les va a cobrar a las familias de más», concluye.
