El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que permitirá a partir del año 2025 liquidar, sin limitaciones, las aportaciones realizadas durante al menos 10 años a los planes de pensiones, así como los rendimientos generados, y revisó a la baja las comisiones máximas que los ahorradores pagan a las entidades gestoras. Así, se podrá disponer de las aportaciones con una antigüedad de al menos diez años a partir del 1 de enero de 2025, es decir, las realizadas hasta 2015. Las realizadas a partir de 2016 deberán esperar hasta 2026 y así sucesivamente.
Por otra parte, la rebaja de las comisiones máximas de gestión dependerá de la política de inversión del fondo. De esta manera, se aplicará un máximo del 0,85% para fondos de renta fija, lo que supone una disminución de 65 puntos básicos frente al límite actual; un tope del 1,3% para fondos mixtos, 20 puntos básicos menos, y del 1,5% para fondos de renta variable, el mismo límite que se usa ahora.
Con los nuevos porcentajes, la comisión media calculada según la distribución del patrimonio entre los diferentes tipos de fondos baja del 1,5% al 1,25%, a la vez que se reduce la comisión máxima de depósito del 0,25% al 0,2%. Aunque el real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, la aplicación de los nuevos límites de las comisiones de gestión y depósito se hará efectiva dos meses después.
Se estima que actualmente hay ocho millones de beneficiarios de planes de pensiones en España (en torno al 16,8% d ela población) con un ahorro acumulado de 106.000 millones de euros que, hasta ahora, tan solo podían rescatar las aportaciones una vez alcanzada la jubilación, o en supuestos de enfermedad grave o paro de larga duración. Con esta medida del Gobierno podrán hacerlo antes, en 2025, siempre que tengan ese mínimo de 10 años de antigüedad. El Ejecutivo cree que estas medidas servirán como «estímulo» para que, especialmente los más jóvenes, contraigan más planes y fondos de pensiones.
Los últimos datos del Observatorio de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), correspondientes a 2016, revelan que el patrimonio medio invertido en Planes de Pensiones Individuales en España aumentó un 4,5% en 2016 y supera ya los 9.000 euros, lo que supone un incremento del 38,2% en los cuatro últimos años.
En la provincia de Málaga hay casi 230.000 partícipes (sólo el 14,1% de la población) con un patrimonio total de 1.716,2 millones de euros. El volumen de partícipes ha bajado ligeramente respecto al de los dos años precedentes aunque el volumen de dinero invertido sí crece un 8,4%. El patrimonio medio por partícipe en Málaga alcanza así los 7.462 euros.
Por otro lado, en los últimos cuatro años, el patrimonio invertido en planes de pensiones con alguna exposición a mercados de renta variable ha subido en España en 20 puntos, hasta alcanzar el 57,2% del total. En el caso de Málaga, este ahorro acumulado se concentra de forma mayoritaria en planes mixtos (48,8%), mientras que el 20,8% del patrimonio está invertido en renta fija, el 23,1% en vehículos garantizados y el 7,3% en renta variable.
Elevar la competencia
Según explicó el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, con esta modificación del reglamento de planes y fondos de pensiones en materia de liquidez y reducción de comisiones se pretende aumentar la competencia en este segmento y elevar el atractivo de estos productos de ahorro.
De esta manera, el Gobierno, que estimaba que las comisiones de gestión eran «demasiado elevadas», cree que la reducción de los costes tendrá un efecto positivo en la rentabilidad neta que obtienen los partícipes por sus ahorros, especialmente en los fondos de pensiones de renta fija, afectados por los bajos tipos de interés.
El ministro afirmó también que las pensiones públicas son un «derecho» y quiso enviar un mensaje de «tranquilidad y seguridad» a los ciudadanos sobre el mantenimiento del sistema público de pensiones. «El Gobierno desde el primer momento, se ha empeñado en garantizar las pensiones públicas» y a este objetivo se ha dirigido su política para impulsar la creación de empleo, dijo.
Méndez de Vigo añadió que los ciudadanos tienen la libertad de adquirir un plan de pensiones y precisó que eso no significa que no sea objetivo del Gobierno mantener en pie el sistema público de pensiones, por cuya viabilidad se seguirá trabajando en la Comisión del Pacto de Toledo.
Críticas a las medidas
El PSOE cree que las medidas del Consejo de Ministros son una muestra más del «mantra constante del PP» «Privaticemos todo lo que podamos». La secretaria de Igualdad y «número cuatro» de la formación, Carmen Calvo, acusó al Ejecutivo de pretender convertir en «negocios privados» lo que para los socialistas son «derechos fundamentales». Eso, dijo, es «retrotraer este país 100 años para atrás». Este tipo de iniciativas le suenan al PSOE a «más de lo mismo», a «un intento nefasto de provocar inseguridad a la gente», dijo Calvo, que preguntó a Rajoy si sabe «quién puede ahorrar» porque la gente «normal» no puede.
El sindicato CCOO calificó de «incoherente» la postura del Gobierno para regular la disposición anticipada a los diez años. «En un momento en el que la prioridad es garantizar el sistema público de pensiones, aparece un discurso oportunista que parece promover la previsión social complementaria como alternativa, cuando no lo es, y además, se fundamenta en la aprobación de medidas contradictorias», apuntó .
La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, dijo que esto «no resuelve los problemas actuales de las pensiones». De hecho, recalcó que es posible que cuando los trabajadores con planes de pensiones se jubilen no tengan ahorros que complementen su pensión, «porque ya los habrán consumido con anterioridad y por lo que desvirtuaría la finalidad de los planes de pensiones privados como tal». UGT cree que con esta decisión el Gobierno sigue «perjudicando y castigando a los millones de pensionistas que siguen perdiendo poder adquisitivo, a la vez que apuesta por incentivar y favorecer a las entidades financieras, a las aseguradoras y a las rentas más altas».
