08 de abril de 2018
08.04.2018
Alimentos

El servicio de control alimentario llevó a cabo más de 5.000 inspecciones en 2017

La Delegación Territorial de la Junta de Andalucía se encarga de realizar inspecciones en todos los establecimientos de la provincia y de los análisis a través del laboratorio público

09.04.2018 | 09:39
Todos los productos que se adquieren en establecimientos alimentarios son analizados por el laboratorio público.

Control: El sector de los mataderos es en el que se producen menos incumplimientos

  • El control de los productos alimentarios en la provincia es muy exhaustivo, sin embargo, algunos establecimientos se presentan cada año con algún tipo de carencia que deben solventar. En el caso del sector de los mataderos, estas carencias no suelen surgir. «Esta es la única industria en la que el servicio de control alimentario está presente en todo momento. Desde que llegan los animales al espacio hasta que son sacrificados», expresa Yolanda González, jefa de servicio de Salud en la provincia.     
    Cuando llegan los animales, los veterinarios de la Junta de Andalucía se encargan de analizarlos para averiguar si el animal «se encuentra bien para poder continuar con el proceso».
    Durante el «sacrificio», González apunta que la Administración autonómica siempre está presente para más tarde tomar todas las muestra pertinentes. «En los mataderos tomamos muestras específicas para una serie de determinaciones que hay que realizar, concretamente en los canales de los animales sacrificados».
    Así, con todo este control, la Delegación Territorial de Salud de Málaga informa de que «de las 977 muestras realizadas en 2017 en la provincia» sólo surgió «un caso en el que el establecimiento no cumplía los requisitos exigidos a nivel nacional y europeo».

El año pasado detectó incumplimientos graves en 25 locales

La alimentación es una base muy importante de nuestra vida, sin embargo, los productos cada vez están más manipulados, pueden contener más elementos químicos o ser amortizados a pesar de su mal estado. Para controlar el proceso de su venta y que todo sea correcto, cada provincia cuenta con la labor del control alimentario por parte de los laboratorios públicos e inspectores que se encargan de mantener las ventas en regla.

Cualquier establecimiento que oferte productos alimentarios, tanto cocinados como no, está bajo el punto de mira de las inspecciones regulares que se hacen anualmente. En el caso de la provincia de Málaga, 103 inspectores son los encargados de realizar este control a través de tres vías: las inspecciones basadas en riesgo y los programas de muestreo, las denuncias de los ciudadanos y las alertas alimentarias tanto a nivel provincial como autonómico, nacional y europeo.

En 2017, en la provincia de Málaga, sin contar la capital, se realizaron 5.239 inspecciones basadas en posibles riesgos y sólo en 25 establecimientos se detectaron incumplimientos de carácter grave, problemas que supondrían un riesgo inminente para la salud, según apunta Yolanda González, jefa de Servicio de Salud en la provincia.

Las inspecciones basadas en riesgo son el sistema tradicional de control. Se llevan a cabo de forma anual en todo tipo de establecimientos en los que se ponga a la venta cualquier tipo de alimento. «El Gobierno nos asigna una serie de inspecciones y nosotros las asignamos a los diferentes establecimientos de la provincia. Cada año es uno diferente y los elegimos por diferencias de riesgo», explica González. El riesgo se clasifica según el tamaño del local y de la cantidad de personas que puedan verse afectadas. «No es lo mismo el peligro que se puede producir en un catering que en un bar pequeño de cuatro mesas», indica.

Cuando se realizan estas inspecciones, si se encuentran irregularidades leves, la delegación concede un plazo de días que varían en función de la importancia de la deficiencia para que el establecimiento las solvente. «Si en ese plazo de tiempo no se erradica el problema, actuamos y abrimos procedimientos sancionadores que en 2017 fueron un total de 56 establecimientos los que fueron propuestos para sanción».

Denuncias ciudadanas

Este tipo de inspecciones se realizan también por las denuncias de los ciudadanos que, al visitar un establecimiento, consideran que hay algo que no está en orden. «Normalmente recibimos denuncias ciudadanas por establecimientos de restauración, aunque también hay algunos casos en los que se realizan a supermercados», asegura la responsable de Salud Pública. En este sentido, la mayoría de denuncias viene provocada por las carencias higiénico-sanitarias de los establecimientos a los que acuden. «Éste es el principal motivo de denuncia. También sucede a veces que la persona ha sufrido algún tipo de molestia estomacal o gastroenteritis que asocian al establecimiento y por ello denuncian, pero es el menor de los casos». Así, durante el 2017 se realizaron 63 inspecciones por denuncia ciudadana.

Programas de muestreo

En primer lugar encontramos el Plan de Riesgos Biológicos. «Lo que se trata aquí es de evitar que los productos alimenticios que se ponen en el mercado no estén afectados por algún tipo de microorganismo», apunta González. En este sentido, se realizan visitas a los establecimientos, se sustraen muestras de los alimentos que serán analizados para evitar que se vendan productos con «salmonella, coli u otro germen».

Otro plan de muestreo es el relacionado con el gluten y los alérgenos. Con él, lo que hacen es analizar el etiquetado de los productos para que no olviden alertar sobre los contenidos del mismo. «Si un producto tiene huevo, leche o gluten, es muy importante que esa información quede reflejada en la etiqueta del mismo ya que así se puede evitar que alguien que sea intolerante a esos alimentos compre algo que le hará daño», destaca González.

Alertas alimentarias

La alertas alimentarias se producen a través de un sistema organizado a nivel internacional. Este sistema advierte a cada país de productos que pueden ocasionar daños a los ciudadanos por diversos motivos.

«Cuando nos llega este tipo de alerta, el procedimiento es rastrear ese producto, averiguar si se encuentra en algún establecimiento de la provincia y si es así, llevar a cabo un plan de retirada para evitar que los ciudadanos puedan consumirlo», comenta.

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