Desahucios

Marbella media para buscar alternativas a las 21 familias de la Corrala La Urba

El Ayuntamiento afirma que seguirá «trabajando para que estas personas no queden desamparadas»

13.01.2016 | 01:08
Imagen de una protesta anterior de los vecinos de la Corrala La Urba.

­El Ayuntamiento de Marbella mediará de nuevo en la grave situación que padecen 21 familias de la Corrala La Urba, amenazadas con tener que abandonar hoy de manera forzosa sus inmuebles. A través de un comunicado, el Consistorio indicó ayer que va a ayudar económicamente a las personas que habían solicitado amparo a través de la Delegación de Derechos Sociales y a todas esas familias «se les va a garantizar una alternativa habitacional», según expresó la edil de dicha delegación municipal, Victoria Morales.

Después de reunirse con varias de las portavoces del colectivo de familias afectadas, la propia delegada municipal de Servicios Sociales expresó: «La administración no puede dejar desamparadas a estas familias y va a seguir trabajando para que salgan de la situación de exclusión social». Recordó que en septiembre ya tuvo conocimiento de la problemática de la Corrala La Urba «e inmediatamente» se intentó «buscar una solución».

Fue la Oficina de Intermediación Hipotecaria, vinculada a la delegación de Derechos Sociales, la que entonces consiguió un primer aplazamiento de 30 días con la entidad bancaria CajaSur, propietaria de los inmuebles ocupados por estas 21 familias. Posteriormente, se logró ampliar el plazo mediante la intermediación de un abogado que representaba a las familias. Además, como expresó la edil, se informó a las familias afectadas de la posibilidad de solicitar tanto una vivienda social como una ayuda económica para poder hacer frente a un alquiler.

Morales precisó que el Ayuntamiento recibió un total de 11 solicitudes –de entre las 21 familias que hoy se enfrentan al desalojo anunciado para las nueve de la mañana–. Seis de esas peticiones ya han sido aprobadas, según indicó el Ayuntamiento, y recibirán ahora una ayuda económica inicial de 2.000 euros.

No obstante, pese a las protestas de las portavoces vecinales, un total de cuatro solicitudes «fueron archivadas, al no presentar la documentación pertinente, y una fue rechazada al no cumplir los requisitos mínimos establecidos». Acerca de estos detalles, replicó la portavoz vecinal Cristina Cozar: «El propio Ayuntamiento, a través de sus funcionarios, les dijo a determinadas familias que no tenían que aportar documentación porque no estaban imputadas en este procedimiento. La sorpresa es que ahora pueden ir a la calle también. No es justo lo que estamos viviendo, ni siquiera a la hora de que se resuelvan estos trámites municipales», agregó.

Las plataformas que luchan contra las ejecuciones forzosas de desahucios han convocado a las seis de la mañana de hoy una concentración porque a las 9.30 horas «llegará la autoridad judicial».

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