El PSOE de Marbella pedirá que declaren como testigos el ex director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Carlos Fernández-Rañada y el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella 2010, por la presunta modificación del documento.
Los socialistas exigen estas diligencias después de afirmar que la Junta y el Ayuntamiento mantuvieron una reunión técnica (que no política) los días previos a la aprobación provisional del texto urbanístico en la cual la Administración regional denegó los cambios sugeridos. Por ello, el secretario general del PSOE de San Pedro, Ricardo López, pidió ayer responsabilidades a la exalcaldesa Ángeles Muñoz.
El secretario general de los socialistas sampedreños se preguntó qué relación tenía Fernández-Rañada con la exregidora, «si ambos conocían esa reunión, si la desconocía Ángeles Muñoz o qué responsabilidad hay a la hora de transmitir esa negativa sobre las modificaciones estructurales del PGOU».
El socialista señaló en rueda de prensa que el 27 de julio de 2009 se reunieron en Sevilla Fernández-Rañada y el jefe de servicio de Planeamiento de la Junta, como consta en el informe elaborado por el Servicio de Planeamiento Urbanístico de la Dirección General de Urbanismo de la Junta, remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, que investiga la presunta modificación del Plan General, y al que ha tenido acceso este periódico.
En este sentido, Ricardo López explicó que el juez ha pedido ampliar la información sobre las reuniones celebradas entre los días 26 y 28 de julio de 2009, un requerimiento que llega después de que el PSOE afirmara la semana pasada que el 28 no se celebró ningún encuentro, frente a la tesis de la exalcaldesa que sostiene que hubo una reunión y en ella se autorizaron los cambios en el PGOU.
El informe de la Junta recoge que en dicha reunión técnica se abordaron «propuestas de cambio» pero la Junta trasladó al Ayuntamiento que «no procedían bien por la necesidad de una nueva información pública, bien por alterar el esquema general que sirve de sustento al PGOU o bien porque algunos de ellos podrían ser corregidos en simple subsanación tras la orden de aprobación definitiva».
El informe detalla que, entre los meses de mayo y julio de 2009, se celebraron en la Dirección General de Urbanismo varias reuniones técnicas entre la Junta de Andalucía y el Consistorio marbellí o el equipo redactor del Plan General, en las que el jefe de servicio asegura que se analizó «el reflejo en el plan de los límites del término municipal de Marbella», pero en las que «no se elaboraban actas».
Por su parte, el concejal del PP y parlamentario andaluz Félix Romero pidió ayer al PSOE «un poco de respeto a los procedimientos judiciales y que dejen de utilizar la justicia con fines partidistas «porque cada vez que hacen declaraciones dejan más en evidencia esa intencionalidad exclusivamente política y partidista de la justicia».
