El pleno del Ayuntamiento de Marbella aprobó ayer por unanimidad proponer al Estado la construcción de diques sumergidos para la estabilización de las playas ante la pasividad de la Administración central, e incluso financiar las obras con diversas fórmulas de compensación, una moción que fue defendida por el concejal de Medio Ambiente, Miguel Díaz.
El edil de IU recordó que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tiene tres proyectos redactados que comprenden la intervención desde La Bajadilla hasta Puente Romano y en San Pedro Alcántara por un valor total de once millones de euros.
Ante la falta de inversión por parte del Gobierno, Díaz propuso que «el Ayuntamiento haga el ofrecimiento al Estado de que con fondos propios puedan arrancar estos proyectos» a través de varias vías «siempre que sea compensado». Una de ellas sería a través del canon de 800.000 euros anuales que Marbella paga a Costas por los aprovechamientos del litoral en dominio público, por lo que en 15 años se pagarían los 11 millones. Una segunda fórmula sería trasvasar al Estado parte del remanente para hacer esas inversiones y una tercera sería firmar un convenio para incluir las obras en los presupuestos municipales.
Por otro lado, el pleno aprobó una propuesta del PP para dotar de recursos al área de Urbanismo y terminar con la de inseguridad jurídica, una moción en la que se propone actualizar los valores catastrales tras la anulación del PGOU del 86.
El punto salió adelante con los 13 votos del PP y la abstención del concejal de Hacienda, Manuel Osorio (OSP), frente a los 8 votos en contra del PSOE, 2 de IU, 1 de OSP y 1 de CSSP (el otro edil de esta formación, Kata Núñez, no asistió al pleno), para sorpresa de los populares.
El edil Manuel Osorio explicó a La Opinión de Málaga que se abstuvo en la votación por error, a pesar de que la misma se realizó dos veces. Así, el edil señaló que la abstención «ha sido un error sin importancia» que en la práctica se va a traducir en nada, ya que el PP pide entregar a Gerencia del Catastro unos documentos que el grupo popular no aprueba en el pleno, como es la aprobación del texto refundido del Plan General de 1986.
La parte anecdótica la protagonizó el grupo popular cuando abandonó la bancada tras enumerar el alcalde supuestas irregularidades de la exalcaldesa Ángeles Muñoz, en el turno de ruegos y preguntas, suscitada a raíz de la noticia sobre la exculpación de un subinspector de la Policía Local acusado de prácticas mafiosas.
