El Gobierno central, a través de la Subdelegación del Gobierno, ha apremiado al Ayuntamiento de Marbella a aplicar la jornada laboral de 37,5 horas frente a las 35 establecidas en el convenio colectivo aprobado en pleno el pasado julio, una medida a la que obliga la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012, por lo que la Administración local cuenta con un plazo de 30 días para su aplicación, según informó ayer el portavoz municipal, Javier Porcuna.
El concejal destacó que en la Junta de Gobierno Local celebrada ayer se dio cuenta de los requerimientos realizados por la Subdelegación, el primero de ellos en septiembre para ampliar información sobre el acta del pleno de julio de 2016, en el que se aprobó el acuerdo alcanzado en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) entre el Ayuntamiento y los sindicatos, para aprobar de manera definitiva el convenio colectivo, que «contraviene la ley de 2012», que establece que las administraciones locales han de aplicar las 37,5 horas.
«El Ayuntamiento facilitó el acuerdo firmado en el Sercla y el acuerdo aprobado en el pleno explicando que se quería dar cumplimiento a los compromisos aprobados con los representantes de los trabajadores», señaló Porcuna, quien destacó que la ley recoge que «aquellas partes de los convenios y los acuerdos sociolaborales que contraviniesen la normativa de 2012 a su entrada en vigor, quedarían sin efecto». «Estas 35 horas contradicen lo que se recoge en esa ley», aseguró.
Tras recibir la documentación, la Subdelegación hizo en marzo un nuevo requerimiento al Ayuntamiento en relación al convenio colectivo y al punto en el que se establecen las 35 horas semanales para que esta cláusula se suprima, por lo que el Consistorio cuenta con un plazo de 30 días para aplicar la jornada de 37,5 horas, una medida que no se ha encajado bien en el ámbito sindical y de la que se ha dado traslado al comité de empresa y se extenderá a la Junta de Personal, aseguró.
En este sentido, el portavoz indicó que «se ha decidido con los sindicatos habilitar una vía de diálogo con la Subdelegación», que confía en que salga adelante y cuente con los apoyos del exresponsable de Personal y Hacienda del anterior equipo de gobierno, Carlos Rubio (que actualmente trabaja en dicha institución), así como de la exalcaldesa, Ángeles Muñoz, ya que en palabras de Porcuna el acuerdo por el cual se establecieron las 35 horas semanales contó con el beneplácito de todos los partidos políticos.
La aplicación de las 37,5 horas supondrá un ahorro para las arcas municipales en concepto del pago de complementos como horas extraordinarias u otras contrataciones para prestar determinados servicios, por lo que «habrá un efecto sobre la economía municipal», aunque un detrimento en cuanto a la generación de empleo, lamentó el portavoz, quien señaló que desde la asesoría jurídica del Ayuntamiento y del área de Recursos Humanos indican que «hay que dar cumplimiento a ese requerimiento».
Por su parte, la Subdelegación del Gobierno indicó que ha realizado requerimientos o peticiones de información a todos los ayuntamientos que han aplicado la jornada laboral de 35 horas y en el caso de Marbella señaló que el acuerdo plenario del convenio colectivo se solicitó en octubre y llegó en febrero de 2017, por lo que el plazo para presentar alegaciones o cumplir el requerimiento expira la próxima semana, y si no se cumple se declarará nulo el convenio y se impugnará.
