El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella (PP-OSP) ha recuperado el Servicio de Información Urbanística, que fue suspendido por el tripartito en 2016. A través de este servicio, dos técnicos municipales atenderán a los ciudadanos, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Así lo ha anunciado la concejala de Urbanismo, Francisca Caracuel, quien ha criticado que el anterior gobierno suprimiera dicho servicio después de la incertidumbre que generó en la ciudad la anulación del PGOU de 2010 que impulsó su propio partido por parte del Tribunal Supremoanulación del PGOU de 2010 y que obligó a rescatar el PGOU de 1986.

Caracuel ha explicado que el PP impulsó este servicio en 2010 para atender a inversiones, colegios profesionales y ciudadanos individuales "que demandaban una información detallada sobre los suelos tras la entrada en vigor del Plan General del 86".

Prueba de la importancia de este servicio es que en casi siete años, el servicio atendió más de 18.500 consultas, con una media de 220 mensuales.

"Eliminar este servicio municipal y abocar al ciudadano a tener que esperar por escrito la respuesta a cualquier consulta, por pequeña que sea, lo que ha hecho es aislar el urbanismo de la ciudadanía y de los colegios profesionales que necesitan de esa vía de información", ha remarcado la edil.

Tras la reapertura del servicio, uno de los técnicos se encargará de la información general como características de uso de un terreno, parcela o inmueble, y el otro facilitará información más detallada en caso de que la consulta sea más compleja.

El objetivo, según Caracuel, es facilitar la información la misma mañana y en caso de que el servicio se colapse por la elevada demanda se remitirá al técnico especialista para otra cita.

La concejala de Urbanismo ha explicado que están analizando la estructura de su delegación y adoptando distintas medidas para agilizar los trámites. En este sentido, Caracuel ha denunciado que el plazo de concesión de licencia se ha duplicado en los últimos dos años.

En 2015, con el PP en el Gobierno municipal, se concedían en un periodo de entre 8 y 9 meses, mientras que en la actualidad el plazo oscila entre 18 y 20 meses, "algo que no es asumible. Por ello, nuestro objetivo es volver a un sistema donde se priorice la seguridad jurídica y la rapidez", ha concluido.