Expertos en urbanismo, asuntos jurídicos y economía de Andalucía han denunciado el tiempo que ha transcurrido desde que el Tribunal Supremo anulara el PGOU de 2010, en una sentencia de noviembre de 2015, sin que las Administraciones Públicas hayan culminado la elaboración de un nuevo Plan.
«Se está perdiendo un tiempo precioso para empezar a dar las pequeñas, medianas y grandes soluciones a largo plazo. Y Marbella no tiene ese tiempo que perder» para devolver la estabilidad al urbanismo del municipio, señaló ayer Luis Merino, exalcalde de Málaga y copresidente de la Asociación Cívica del Sur de España (Civisur), un colectivo que aglutina a 40 profesionales de diferentes sectores de Málaga y Sevilla.
La asociación presentó ayer en Marbella la publicación «Territorio y Urbanismo. POT de la Costa del Sol y PGOU de Marbella. Situación económica, jurídica y urbanística», que recoge las conclusiones que se alcanzaron en unas jornadas en las que especialistas de diferentes ámbitos debatieron sobre el urbanismo del municipio.
Los debates se celebraron en marzo de 2016, casi medio año después de que el Supremo anulara el PGOU de 2010 y obligara al equipo de gobierno a recuperar nada menos que el de 1986.
La parálisis de las administraciones públicas desde la sentencia del Supremo «genera un marco de inseguridad jurídica y una nebulosa de situaciones no deseadas», agregó Merino, que comparte la presidencia de la asociación con el exregidor de Sevilla, Manuel del Valle.
El ponente de la comisión de urbanismo de la asociación, Francisco Barrionuevo, destacó que el tiempo que transcurrirá entre la sentencia del Supremo hasta la contratación del equipo redactor del futuro Plan será de unos tres años y medio. «Nosotros pensamos que ese debía ser el tiempo máximo para que Marbella tuviera un nuevo PGOU. Algunos pasos se han dado para ello, pero no los suficientes», apuntó.
Barrionuevo recordó que la corporación municipal ha aprobado el Texto Refundido del PGOU de 1986 y que la adaptación de ese Plan a la normativa autonómica está en fase de aprobación. Sin embargo, aseguró que «el marco de operatividad» del PGOU de 1986 es muy reducido debido al tiempo transcurrido desde que se aprobó el documento y la «falta de claridad de algunos documentos».
Los expertos concluyeron que la anulación del PGOU de 2010 también ha afectado a las «estructuras jurídica, económica y social» de las provincias de Málaga y Sevilla, que aportan cerca de la mitad del PIB de Andalucía.
«Aportamos una serie de propuestas y soluciones para empezar a trabajar. Los que tengan que actuar, que actúen», agregó el exalcalde de Sevilla, Manuel del Valle.
