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El PP defiende su pacto con la Junta para ejecutar el PGOU

 
Tranquilidad. Romero defendió los beneficios del convenio entre administraciones.
Tranquilidad. Romero defendió los beneficios del convenio entre administraciones.  L. O.

El equipo de gobierno de Ángeles Muñoz adelanta que no renunciará a perseguir
a los promotores para que paguen las compensaciones que les correspondan

princesa sánchez. Marbella Es una medida "excepcional", pero no ilegal. El gobierno municipal del PP en Marbella defiende su pacto con la Junta de Andalucía en materia urbanística. Un acuerdo político que permite adelantar la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) antes de que se apruebe definitivamente, trámite que se retrasará, de acuerdo con las fechas previstas en un principio, hasta marzo de 2009.
"No implica de ninguna forma alterar el documento urbanístico que se aprobó inicialmente y, además, por unanimidad", recalcó ayer el portavoz del PP, Félix Romero, quién tachó de incomprensibles las quejas del colectivo Ecologistas en Acción, que anunció el pasado lunes su intención de impugnar el convenio entre administraciones. "Es un amnistía cocinada por la puerta trasera", argumentó su representante, Rafael Ávila.
Romero recordó que el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, calificó como jurídicamente impecable el acuerdo, que le otorga al Consistorio la potestad de otorgar licencias de primera ocupación, apertura y obras ligadas a éstas tomando como referente el nuevo texto regulador del urbanismo.
Alarma. "Se está tratando de dinamitar un pacto que posibilitará que Marbella cuente con un movimiento económico mucho más favorable", en opinión del portavoz popular, que achaca las protestas recibidas a la "alarma social creada a partir de una falsa polémica que responde a intereses políticos". Sin embargo, los críticos de la medida no piensan igual y sostienen que el convenio ni siquiera cuenta con garantías de legalidad, ya que no se han efectuado los informes pertinentes por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
"No los necesita". Romero afirmó que se trata de una declaración de índole política de la que no se deriva ninguna consecuencia jurídica directa. "Si el acuerdo hubiese implicado la concesión de autorizaciones, sí lo hubiera requerido". En este sentido, aseguró que así será en cada uno de los expedientes que se adjunten junto con los permisos otorgados.
"No renunciamos a perseguir a los promotores que hayan podido lucrarse ni que queden exentos de culpa. Se les reclamarán todas las compensaciones que les correspondan dar a los ciudadanos de Marbella", indicó el representante municipal. Algo que para los impugnadores del convenio aún está por ver.

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