Los terceros de buena fe pagan. No es una obligación, pero sí una recomendación. Al menos, si quieren legalizar sus viviendas. Independientemente, podrán perseguir o reclamar judicialmente ese dinero a los promotores que las construyeron o, cómo no, a las administraciones que autorizaron la edificación.
El centenar de administradores y presidentes de comunidades de vecinos que se reunieron ayer en el Palacio de Ferias y Congresos de la localidad no podían creer lo que oían. El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, desdecía promesas acumuladas a lo largo de cuatro años de tramitación del nuevo Plan General, hoy en vigor.
Los populares hicieron bandera con la defensa de los llamados terceros de buena fe, mientras los socialistas atemorizaban con la posibilidad de los derribos.
Moro quiso dejar claro algo: el Ayuntamiento perseguirá a los promotores, nunca a los propietarios de las casas. Pero, claro, alguien deberá pagar la legalización del inmueble. Y si el promotor está desaparecido... o pagan los vecinos o la casa se queda con la etiqueta de ilegal.
Información, ante todo
El edil aconsejó a todos y a cada uno de los presentes que acudan a la Delegación de Urbanismo «a hacer la cuenta neta». Esto es, a repasar la ficha urbanística que describe la irregularidad concreta de la residencia en la que habitan y el pago que deben efectuar para saldarla. De esta forma, los propietarios de la casa pagarán el suelo que la ciudad perdió como equipamiento público.
Las rebajas pueden ser interesantes, ya que el nuevo documento urbanístico no tiene en cuenta los pagos efectuados por los promotores o la comunidad de propietarios para compensar a la localidad. «Una compensación de dos millones de euros podría quedar reducida a 100.000 euros, siempre que los administradores puedan acreditar los pagos realizados», destacó Moro.
Para el edil está claro. Él preferiría pagar mil euros para regularizar su casa antes que gastarse alrededor de 100.000 en pleitos, afirmó durante las más de dos horas que duró la reunión.
«¿Y qué pasa con esa carga si deciden pagar unos vecinos sí y otros no?», planteó uno de los asistentes. «Pues que un documento certificará el pago efectuado, pero la carga sobre el edificio quedará patente en el registro de la propiedad», advirtió el concejal de Urbanismo.
La cuestión no es tan sencilla como la pintaban. «Están trasladando el problema a las comunidades», se quejó un administrador. «Es el Ayuntamiento el que debería revisar de oficio cada uno de los casos e informar de los pagos o compensaciones», indicaba otro. Y todo ello, por no hablar de la persecución a los constructores.
El problema de los complejos urbanísticos con una sentencia en contra es mayor. Si entran en el proceso de regularización establecido por el PGOU y los vecinos pagan la legalización, «¿quitará la Junta de Andalucía la demanda que pide la anulación de su licencia de obras?», preguntaron.
En este caso, el Consistorio notificará el pago efectuado por la comunidad de propietarios para concluir el proceso de legalización. No tendrán la misma suerte aquellas con sentencia firme en contra. «Éstas deberán resolverse por la vía judicial», sentenció el edil.
Los convocados están pendientes de largas jornadas de reflexión entre vecinos. El descontento quedó patente en forma de amenaza: «Somos muchos y podemos unirnos», advirtieron al Ayuntamiento.
