El milagro que esperaban acabó por producirse. Rafael Cortés y su familia no tendrán que abandonar su vivienda, sobre la que pesaba una orden de desahucio que se iba a ejecutar esta misma mañana. Fue el propio alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, el encargado de darles la noticia ayer. «Se presentó personalmente en nuestra casa para decirnos que estemos tranquilos», anunció ayer el afectado, que no podía esconder su alegría y agradecimiento.

De hecho, el regidor de dicho municipio les hizo entrega de un documento en el que la financiera que les ha embargado la casa solicita al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coín la suspensión del desahucio programado para las diez de la mañana de hoy. Esta petición, según se expresa en dicho documento, está fechada el pasado día 2 de febrero y ha supuesto un balón de oxígeno para una familia que estaba a punto de perder su vivienda por lo que ellos mismos consideran «una estafa» que sufrieron hace 21 años.

La familia desconoce los términos del acuerdo por el que el munícipe ha conseguido que la financiera suspenda el desahucio, sólo saben que «el Ayuntamiento está negociando con la empresa y pensamos que, de alguna forma, le han hecho ver que la casa no vale nada», deducía uno de los amigos de la familia, José Antonio Ortega, que ha estado ayudando a los Cortés desde que conociese su problema. «Lo que sí sabemos, porque lo dijo el propio alcalde, es que existe la intención de llevar este asunto al pleno del Consistorio, ya que todos los grupos políticos son conocedores del problema y han mostrado su intención de ayudar a esta familia», explicó.

Como publicó La Opinión de Málaga, Rafael Cortés, su esposa y su hijo menor de edad pueden ahora respirar tranquilos tras esta pesadilla que comenzó en 1991, cuando compró por casi un millón y medio de pesetas un Fiat Tipo que devolvió a los seis meses porque no podía pagarlo, tras haberse quedado en paro.

Con la entrega del coche, Rafael pensó que liquidaría el préstamo, ya que le consta que el vehículo fue vendido para recuperar su importe. O al menos eso pensaba, hasta que en 1993 supo que la deuda no se había cancelado.

La financiera le reclama 45.447,37 euros por la deuda e intereses del vehículo e iba a ejecutar una orden de desahucio de su vivienda, que le había sido embargada para saldar esa cantidad. Una cuantía que ni de lejos podría verse compensada con la vivienda de esta familia, que literalmente se cae a trozos, debido al mal estado del terreno.