Un drama familiar

Otro desahucio paralizado

Más de 200 personas, entre vecinos y miembros de la PAH, evitaron que una familia de Cártama quedara en la calle

 05:00  
La puerta de la casa de Francisco Ramírez, protegida por miembros de PAH y vecinos.
La puerta de la casa de Francisco Ramírez, protegida por miembros de PAH y vecinos.  Rocío Cañada

Francisco Ramírez, casado y con tres hijos, debe a la entidad BBVA, para la que además trabajaba repartiendo regalos, unos 8.000 euros de la hipoteca de su única vivienda, que rehipotecó para poner en marcha un negocio. Ahora, en desempleo y con 420 euros de ingresos al mes, pide acogerse al alquiler social.

Rocío Cañada Desde varias horas antes del desahucio previsto para ayer en el número 79 de la calle Alemania de Cártama Estación, decenas de personas se agolpaban en la puerta de la residencia para evitar que Francisco Ramírez, su mujer y sus tres hijos se quedaran en la calle, al no poder terminar de pagar la hipoteca suscrita con el banco.

Este padre de familia trabajaba como autónomo para el BBVA transportando regalos que la entidad ofrecía a sus clientes y decidió crear una empresa de transporte para prestar estos servicios. Ahora, esta misma entidad bancaria quiere hacer efectivo el desahucio.

Francisco junto a más de 200 personas, asesorado en todo momento por numerosos integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y acompañado por miembros de varias asociaciones de Cártama y del Consistorio, consiguió que el desahucio se paralizara al negarse a firmar la notificación de una nueva fecha en la que tendría que abandonar su vivienda que, a pesar de tenerla ya pagada, volvió a hipotecar para poner en marcha un negocio, que finalmente quebró.

Desde entonces, Francisco está sin trabajo, y sigue adelante con el subsidio de 420 euros, con el que debe mantener a su familia. Según comentó por la mañana, para solventar los 8.000 euros que debe a la entidad bancaria ha «intentado muchas veces, y durante varios años negociar la hipoteca con el banco, pero nunca me han querido escuchar ni recibir». Además, «también he acudido varias veces al juzgado de Instrucción número 17, que lleva mi caso, pero tampoco he tenido respuesta», añadió Ramírez.

«En ningún momento he pedido no pagar, sólo he intentado negociar otra forma de pago para no quedar en la calle», explicó Ramírez, quien apuntó que su petición a la entidad bancaria es la opción de un alquiler social «y me ampara la ley», porque esta familia cumple los requisitos exigidos por el decreto ley, aprobado en marzo de este año, para la protección de deudores hipotecarios sin recursos.

De hecho, todos los miembros de la unidad familiar están en paro, no tienen ningún tipo de ingreso por actividades económicas, la cuota hipotecaria es superior al 60 por ciento de los ingresos netos del conjunto de la familia; además no tiene ninguna propiedad y está en el paro sin percibir ninguna renta.

Con la resistencia pacífica de ayer, Francisco y su familia tendrán un hogar, aunque sin saber por cuánto tiempo. Aún así, se siente afortunado porque ayer no fue uno de los 150 desahuciados que cada día se registran en España, por lo que insistió en que «esta situación le puede tocar a cualquiera, y no podemos mantener esta sangría».

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