El ex secretario-interventor del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro no se presentó ayer, a las diez de la mañana, al juicio con jurado en el que se jugaba doce años de cárcel por malversar casi 338.000 euros de dinero público. Tampoco lo hizo el lunes y el presidente del tribunal dictó una orden de busca, captura e ingreso en prisión, después de que el instructor lo dejara en libertad. Ello ha provocado que, al no haber sido localizado por la policía, el juicio con jurado haya tenido que ser suspendido sin fecha.
El funcionario también estaba acusado de falsedad documental y no ha podido ser localizado en estos días, al menos hasta el cierre de esta edición.
La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 12 años de prisión, al sostener que se prevalió de su cargo «con ánimo de lucro» y, supuestamente, rellenó cheques en blanco firmados por los responsables del Ayuntamiento para pagos urgentes, «sin que existiera justificación» para realizarlos ni tampoco mandamiento para ello.
El ministerio fiscal señala en su escrito provisional, al que tuvo acceso Europa Press, que el acusado ingresó las cantidades «en su propio patrimonio». Así, se señala que en 2007 fueron dos cheques los que libró contra cuentas del Consistorio, por un importe de unos 2.400 euros. Se precisa, asimismo, que en el año 2008, fueron más de 30 cheques, algunos emitidos un mismo día y que presentaba al cobro, tras lo que, supuestamente, el procesado lo ingresaba «en cuenta de su titularidad». Ese año fueron unos 275.000 euros.
Algunos de los cheques emitidos en 2008 eran por importes de 30.000 o 40.000 euros y eran al portador o nominativos a su favor, según se precisa en la calificación provisional que presentó la Fiscalía en su momento, en la que se indica que en 2009, fueron cinco talones los que libró, con un valor total de unos 28.000 euros.
El ministerio público señala que para justificar algunas de estas cantidades, elaboró tres mandamientos de pago, por un importe de 6.400 euros «sin corresponder a realidad alguna, sin justificación de dichas cantidades ni aprobación previa por parte de la Corporación local». Por esto, se le acusa por un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad. Por el primero se solicitan siete años y medio de prisión e inhabilitación absoluta por 15 años; mientras que por el segundo, se piden cuatro años y seis meses de cárcel, multa de 5.400 euros e inhabilitación para empleo público.
