­Las seis naves de aperos que levantó con todos sus ahorros José Merino, un vecino prejubilado de 57 años en Yunquera, están a punto de ser demolidas. El Ayuntamiento, cumpliendo órdenes de los tribunales, ya le ha advertido de que el jueves las máquinas se desplazarán hasta sus tierras para tirar por los suelos el trabajo de muchos años.

Tras la denuncia de un vecino, Merino tuvo que adaptar algunas de las naves por sobrepasar su construcción lo permitido por la ley. A pesar de adaptarse a lo legalmente permitido, los tribunales le obligan a derribarlas bajo el dictamen de la Junta de Andalucía, aunque hay un informe favorable del Consistorio yunquerano.

Desde el pasado mes de diciembre, José Merino espera que demuelan las naves de aperos en las que invirtió cerca de 200.000 euros. «Yo soy un trabajador. Ese dinero lo gané con el esfuerzo de toda la vida y ahora me van a dejar en la ruina. El dinero que tengo que pagar por echar abajo las naves lo tenía ahorrado para adaptar mi casa y el coche para la mejor comodidad de mi hijo y ahora me hacen esto», apunta Merino refiriéndose a uno de sus dos hijos, de 10 y 12 años, que padece síndrome de George, una enfermedad rara que le ha provocado una discapacidad del 93 por ciento.

Este vecino de Yunquera asegura que hará todo lo que esté en su mano para evitar el derribo: «Me encadenaré a las naves con la ayuda de mis hermanos, que vendrán conmigo. Me niego a que me arruinen la vida».

A las nueve de la mañana del próximo jueves las máquinas accederán a su finca. Merino afirma que el Consistorio ha avisado a una empresa del municipio para derribar las naves, pero se han negado «porque el dueño es amigo mío». No obstante, fuentes del Ayuntamiento aseguran que avisarán a otra empresa.

Este vecino insiste en que «todo es una injusticia» y señala los 1.400 euros que paga de hipoteca al mes por estas naves. Asimismo, asegura que paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de estas naves de aperos como si fueran viviendas: «Llevo pagando más de 10 años. Podría pagar 30 euros, pero pago 200 por cada una».

«Mis naves son legales, las adapté como me exigió la justicia, pero parece que eso no ha valido. Hasta el Ayuntamiento y el secretario se sorprenden. La Junta de Andalucía ha promovido que me las echen abajo. Mucha palabra pero poco ayudar a las personas que lo necesitan», subraya.

Merino afirma que su familia llega apurada a fin de mes: «Vivimos de mi pensión y mi mujer trabaja de vez en cuando en lo que va saliendo». José Merino espera que las aguas vuelvan a su cauce y aunque tarde, prevalezca que ya derribó lo ilegalmente construido.