Cárcel de Archidona

Colectivos sociales y partidos rechazan el traslado de inmigrantes a Archidona

Casi medio millar de personas están internadas en el centro, habilitado como CIE provisional, y que aún no dispone de agua potable - Las organizaciones sociales anuncian acciones legales por esta medida - Permanecerán en las instalaciones un máximo de 40 días, según el Gobierno, que justifica la acción en la avalancha de llegadas a las costas

22.11.2017 | 05:00
Furgones de la Policía Nacional, en la cárcel de Archidona.

Casi 1.900 personas han sido rescatadas este año de pateras

  • La Subdelegación del Gobierno en Málaga convocó ayer una segunda reunión de coordinación con las distintas instituciones y entidades implicadas en la atención a la inmigración irregular tras la mantenida el pasado sábado con Cruz Roja, Ayuntamiento de Málaga y Policía Nacional. A dicha cita se sumaron Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Autoridad Portuaria y el Colegio de Abogados. La finalidad es aunar esfuerzos y abundar en la coordinación para atender con mayor eficacia y agilidad a los hombres, mujeres y niños que son rescatados de su travesía en pateras por el Estrecho, garantizando sus derechos y la seguridad pública, aseguró la Subdelegación. En la reunión del sábado, se acordó seguir manteniendo el pabellón de Ciudad Jardín como lugar de acogida provisional para los inmigrantes trasladados a Málaga. En lo que va de año, han sido rescatados de pateras y trasladados a Málaga 1.899 inmigrantes, con 42 embarcaciones rescatadas. De estos, medio centenar eran menores.

Desde el lunes, casi medio millar de inmigrantes irregulares están alojados en la cárcel de Archidona, que a la espera de ser inaugurada, se ha convertido en un CIE temporal, una medida que el Gobierno central justifica en la avalancha de pateras llegadas a las costas de Murcia y la saturación de otros centros del país, pero que ha sido recibida con un aluvión de críticas de parte de los colectivos sociales, ONG y partidos políticos. Ayer, eran 497 migrantes los que acogía el centro penitenciario, pero se prevé que esta cifra se incremente ya que los jueces siguen tomando declaración en Murcia.

Más de una veintena de organizaciones sociales mostraron ayer su rechazo y anunciaron estudiar acciones legales ante la práctica «absolutamente ilegal». Entre las organizaciones denunciantes se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), ALA Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Andalucía Acoge, Asociación Abraza África, Asociación Sin papeles, Comunidades Cristianas Populares (Granada), Coordinadora de Barrios, Federación Sos Racismo, Médicos del Mundo, Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado o SOS RacismoTodas ellas explicaron, a través de un comunicado, que el centro de Archidona «es una cárcel que depende directamente de Instituciones Penitenciarias», lo que supone «un hecho de una gravedad sin precedentes». Por esto, los colectivos recordaron que la ley «impide» que los CIE tengan «carácter penitenciario».

De manera paralela, las diversas organizaciones sociales van a presentar una queja al Defensor del Pueblo Español por esta decisión que, a su juicio, «carece de todo respaldo legal».

También se mostraron en contra de esta situación los partidos de izquierdas, que consideraron que la medida va en contra de los derechos humanos y pidieron la comparecencia del ministro Zoido. En el mismo sentido se pronunciaron los representantes de los sindicatos CCOO y UGT.

El Gobierno central aseguró ayer que los internos han recibido ya kits de higiene personal, que cuentan con servicio de intérprete y asistencia sanitaria y que se les había abastecido con 2.000 raciones de comidaPero por el momento no tienen agua en la red, por lo que se les está ofreciendo en botellas a la espera de que la planta de osmosis que proporcionará agua potable a la cárcel esté lista. «La sensación que tenemos es que se está abandonando a las personas. Muchos extranjeros hablan dialectos que no se pueden traducir. ¿Cómo se les dice que no beban esa agua?», criticó ayer el presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), José Luis Pascual, quien denunció que no funcionan los detectores de humo del centro penitenciario, además de no haber personal para asistencia sanitaria, servicios sociales, culturares y deportivos.

«Lo único que hay es una oferta para traer a la cárcel a 52 policías en asignación temporal». «Si en 24 horas siguen los internos en la cárcel, iniciaremos las acciones legales que ya están elaborándose en nuestro servicio jurídico», recalcó. El sindicato sospecha que la intención del Gobierno es que la infraestructura de Archidona funcione de manera compartida como prisión y como CIE. «Esto sería una aberración y una barbaridad. Habría que cambiar la legislación para que eso fuera posible».

En principio, el Gobierno tiene intención de mantener a los internos un máximo de 40 díassegún informó ayer la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero. «El pasado domingo, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, me informa de la decisión adoptada por el Ministerio de Interior, tomada por la avalancha de inmigrantes irregulares en la costa de Murcia y Almería», explicó, señalando que desde el Gobierno le han trasladado la «excepcionalidad y provisionalidad de la medida adoptada». Al tiempo, recalcó que desde el Ejecutivo le aseguran que «esta situación no entorpecerá la fecha de apertura definitiva de la instalación como centro penitenciario, el próximo mes de enero de 2018». «Estamos ante una situación grave y lamentable que demuestra que la gestión por parte del Estado no ha sido la más correcta, ha faltado previsión y ha sobrado improvisación», apuntó.

Los inmigrantes argelinos trasladados demandaron ayer libertad a gritos e intentaron llamar la atención haciendo señales con camisetas y toallas desde el interior de los módulos, según una información de Efe.

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