Llegó la temida fecha. Ya está aquí la polémica subida del IVA, tanto del tipo general en dos puntos, del 16 al 18, como del tipo reducido del 7 al 8 por ciento.
Tenemos la errónea tendencia de confundir puntos con tantos por ciento. Dos puntos sobre 16, es más del 2 por ciento. En el caso que nos ocupa, ¡el incremento final se aproxima al 12,5 por ciento total!, eso sin tener en cuenta el efecto cascada, de incrementos sucesivos en toda la cadena de producción o de prestación de servicios.
Se trata de otra medida desafortunada donde pondremos en duda incluso su posible éxito recaudatorio. Fomentará además la economía sumergida y volveremos a escuchar con asiduidad la temida frase ya olvidada de: ¿quiere la factura con IVA o sin IVA? Será lo comido por lo servido, en el mejor de los casos.
Según el Informe de Economía Sumergida 2000-2009 del Ministerio de Economía y Hacienda, publicado en marzo de este año, la tasa de economía sumergida en Málaga se ha disparado hasta cifras cercanas al 22,5 por ciento del PIB, lo que supone alrededor de 6.100 millones de euros anuales.
Debemos ser conscientes de que esta medida empujará a algunos a realizar transacciones comerciales o prestación de servicios sin la debida factura de por medio, con el fin de evitar la declaración del impuesto. Este lastre también incidirá en la competitividad de nuestras PYMES y autónomos, ya que generará prácticas de competencia desleal que perjudicará a las legalizadas y sufridas empresas cumplidoras que ya tienen bastante con soportar una de las crisis de mayor intensidad que se recuerdan.
El efecto de la subida del IVA no será en ningún caso positivo para el famélico consumo, ya que resta a los ciudadanos en general posibilidades para adquirir bienes y servicios. Según diversas estimaciones, cada hogar tendrá que pagar una media de 288,54 euros más al año en sus compras, como consecuencia de esta subida.
El incremento impositivo debería haber tenido en cuenta, al menos, una medida favorecedora para el tejido productivo: el pago del IVA de las facturas pendientes de cobro (que son muchas) no puede seguir siendo anterior al cobro efectivo de las mismas. El empresario paga al final del trimestre facturas que aún no ha cobrado. Por no recordar las deudas pendientes de las distintas administraciones públicas con los pacientes proveedores.
El sistema impositivo es tremendamente sensible y sólo debe ser reformado para simplificarlo y reducir sus efectos sobre los ciudadanos.
Además, hemos creado un elevado tributo sobre el empleo, que son las cotizaciones sociales más altas del entorno europeo. Unos impuestos de la Renta y de Sociedades ya de por sí elevados y poco progresivos. Una imposición fiscal autonómica y local dispersa, que desincentiva la inversión, caso del absurdo Impuesto de Sucesiones casi exclusivo de algunas comunidades autonómicas como la andaluza…
En fin, todas las administraciones al ataque fiscal y recaudatorio, con la artillería inspectora preparada para actuar contra los que siempre pagan. ¡Manos arr-IVA!
