Alta morosidad de las Administraciones públicas

FRANCISCO J. BARRIONUEVO CANTO La clase empresarial española está pasando por un vía crucis de impago reiterado por parte de las administraciones públicas (AA.PP.) que está causando deterioros directos e irreparables en el tejido productivo de todo un país. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas parecen que se han puesto de acuerdo en llevar a cabo una suerte de colusión frente a sus proveedores. Nada más hay que ver la indolencia que profesan a la hora de cumplir con su obligación de pago, sin caer en la cuenta de que esa actitud es un búmeran que termina volviendo con mayor fuerza si cabe, golpeando en forma de retrasos de pagos de impuestos por parte de las empresas que no cobran, y creando de paso un aumento del gasto social mediante el engrosamiento del paro. Además, esta situación anómala transforma empresas solventes y competitivas en entes sin liquidez. Y si a esto le sumamos que los bancos no quieren oír hablar de financiar papel de las administraciones; la cosa se pone complicadilla para la empresa.

Básicamente no le queda otra que meter las facturas en el cajón y esperar paciente, no sin antes lanzar imprecaciones o refugiarse bajo augurios y preces ante tal cúmulo de adversidades e injusticias sobrevenidas.
La evidencia empírica demuestra que la relación entre las empresas y las AA.PP. se pueden entender analizando el mecanismo de unas tijeras, éstas no pueden funcionar a menos que se cuente con las dos hojas perfectamente ensambladas, mientras que cada una de las hojas por separado no tienen sentido y no sirven de nada. El proveedor que tiene vocación de trabajar para un cliente AA.PP. suele adaptar su estructura organizativa, modelo de negocio, estrategias y programas a un tipo de cliente con unas características definidas. Un tipo de cliente que ejerce una posición dominante frente a su proveedor, y lo más grave, sin mostrar una pizca de conmiseración. Por todo lo anterior, es harto difícil salir de este bucle, aunque el marco legal permite a una empresa romper el contrato, cosa que no recomiendo.

En este contexto, lo que toca es crear por parte del Ejecutivo un FROPAP (Fondo de Reestructuración Ordenada para las Administraciones Publicas) de 35 millardos, que es la deuda total aproximada que las AA.PP. mantienen con sus proveedores. Este dinero sería destinado a financiar a comunidades autónomas y ayuntamientos con el fin último y único de pagar a sus proveedores. Como requisito sine qua non para acceder a estas ayudas financieras, presentar un plan de financiación y asumir los intereses correspondientes; al fin y al cabo dará igual que esos intereses los pague al Estado, a un coste menor, que los propios proveedores que sí aplicarán con rigor los intereses al servicio de la deuda.

Hagamos un ejercicio simple. Imaginemos una empresa a la que un ayuntamiento cualquiera (hay donde elegir) le debe 100.000 euros. Hablamos de una empresa pequeña local y cuenta con ese ingreso para hacer frente a las nóminas de sus trabajadores, pagar a sus propios proveedores e impuestos. No recibir dicho cobro a tiempo le supone tener que acudir a la banca a financiarse, pero hoy por hoy esa opción se puede considerar una entelequia utópica. ¿Qué pueden pensar lectores que hará la empresa en dicho escenario? No hace falta ser muy perspicaz para ver que el único camino que le queda es cerrar lo más ordenadamente posible.