La quinta columna

Un nuevo corporativismo

 05:30  

Gonzalo M. Peón El corporativismo ya no es lo que era. Los controladores nunca trataron de ocultar que sus huelgas, la última hace ahora dos años, solo pretendían obtener ventajas laborales. Claro, se hicieron muy impopulares. Más que los políticos, incluso.

Desde entonces las protestas gremialistas procuran olvidar las reivindicaciones propias –ya se sacarán en privado cuando el rival esté contra las cuerdas- para envolverse en la bandera del bien común.

Hace unos meses los jueces amenazaron con protestas por varios problemas laborales. No lograron muchos apoyos entre la ciudadanía. Aparcado este conflicto, sus señorías decidieron que la ley que regula los desahucios era injusta. Jueces y magistrados comenzaron a aparecer en los medios de comunicación para rechazar la normativa y reclamar una interpretación «inteligente» de la ley que evitase los desahucios.
Ahora la lucha de los magistrados es contra el «tasazo» del ministro Gallardón, la imposición de elevadas cuotas para presentar recursos judiciales. Incluso un juez anunció que él no pensaba cobrar las nuevas tasas.

Los médicos madrileños siguen el mismo camino. Mantienen desde hace días una protesta contra la decisión de la comunidad de Madrid de privatizar la gestión de varios hospitales.

En todos los casos dicen defender exclusivamente el bien común: las buenas gentes humildes que no pueden pagar su hipoteca, los ciudadanos comunes que no podrán recurrir una sentencia que creen injusta o la salud de los madrileños.

Es muy probable que tanto jueces como médicos tengan toda la razón del mundo o, al menos buena parte de ella. Es decir, que la ley hipotecaria no sea la mejor del mundo, que las tasas de Gallardón sean en muchos casos injustas y que no esté demostrado que los hospitales privatizados ofrezcan una sanidad mejor y más barata.

Pero eso no les da razones para la protesta, al menos no más que al resto de ciudadanos para opinar sobre esos mismos asuntos. Los jueces y magistrados son contratados para juzgar de acuerdo con las leyes aprobadas por el parlamento, sean estas rojas o azules, centralistas o autonomistas. Si quieren cambiarlas, deberían presentarse a las elecciones. Además, si los jueces opinan sobre las leyes, ¿qué garantías tiene el ciudadano de que será juzgado de acuerdo con la ley y no con las opiniones del magistrado?

Lo mismo pasa con los médicos. Quien decide como se gestiona un hospital es su dueño. En este caso, el gobierno de Madrid. Y no los trabajadores. Si un chef cree que el nuevo propietario del restaurante en el que trabaja hundirá la calidad de la comida, desgraciadamente para él lo único que puede hacer es aguantarse o buscar un nuevo empleo. Y en el caso de los hospitales son los ciudadanos, todos, los que en las elecciones deciden quién debe gestionarlos. El PP en Madrid, el PSOE en Asturias.

Como es descartable que los jueces y los médicos madrileños desconozcan que las cosas del bien común se deciden en las elecciones y no al gusto de un gremio, solo queda pensar que detrás de sus protestas se esconden movimientos corporativos, legítimos pero corporativos. Es decir, que sus protestas por mucho que pongan por delante el interés común, como si fuesen una oenegé, en realidad no son diferentes a la del camarero que reivindica un convenio más justo o un siderúrgico que quiere ganar más o trabajar menos.

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