La cantinela es siempre la misma. Se trata de obtener recursos, que los ayuntamientos no tienen, para financiar nuevas infraestructuras. Y para ello se propone la externalización o la privatización de un servicio público, en este caso, el suministro de agua potable.

Está ocurriendo en Madrid y en muchos otros municipios españoles. Pero sucede también en otros países. Y, sin embargo, los ciudadanos se dicen plenamente satisfechos con el servicio que se les ofrece actualmente. El agua es buena y barata. Algo que no puede decirse, por ejemplo, del suministro de agua en el Reino Unido, donde se ha privatizado.

Pero en Bruselas el comisario del Mercado Interior, Michel Barnier, quiere proceder con el agua como con cualquier otro servicio, por ejemplo, el telefónico, abriéndolo a la competencia, cuando se trata de algo muy distinto.

Los europeos han comenzado ya a movilizarse frente a esa amenaza, y una iniciativa ciudadana a favor de la consideración del agua como un «derecho humano» ha logrado reunir ya más de un millón de firmas.

Con su polémica directiva, Barnier quiere obligar a los ayuntamientos, bajo determinadas condiciones, a sacar a concurso ese servicio de modo que puedan pujar compañías tanto nacionales como extranjeras.

La argumentación es siempre la misma, aunque luego no se corresponda con la realidad: liberalizar es introducir la competencia en los servicios, volverlos más eficientes, crear nuevos productos y abaratar de paso los costes.

Algo así como el cuento de la lechera. Si no, que se lo pregunten a los vecinos de Berlín, donde la privatización de la compañía del agua se tradujo en el despido de una cuarta parte de la plantilla aunque, eso sí, las ganancias aumentaron de 8 a unos 250 euros al año.

Dinero que en buena parte salió de los bolsillos de los ciudadanos, quienes vieron incrementarse en un tercio aproximadamente sus facturas. El descontento de los berlineses es tan grande que ese «land» quiere recomprar todas las acciones.

O que se lo pregunten también a los habitantes de muchos municipios franceses, que se quejan también del deterioro del servicio tras su paso a manos privadas: aumento de las tarifas y peor calidad del agua en cuanto las autoridades bajan la guardia. Todo sea por los beneficios.

El alcalde socialista de París decidió remunicipalizar incluso el servicio tras un cuarto de siglo de gestión privada para poner fin a esa situación.

En Alemania es sobre todo el pequeño Partido Liberal el que apoya con más firmeza la polémica directiva comunitaria. Por el contrario, los cristianosociales bávaros, partido hermano de la CDU de la canciller, Angela Merkel, se opone radicalmente.

En ese país, junto a la iniciativa europea contra la privatización, se ha lanzado otra que en la que se insta a la jefa de Gobierno a bloquear la directiva de Bruselas y que en sólo tres días consiguió 145.000 firmas adicionales. Mientras tanto, los Verdes de ese país han presentado una moción en el mismo sentido en el Parlamento.

Seguramente será pura casualidad, pero Barnier es francés, y francesas son dos de las compañías privadas líderes en ese sector, GDF Suez y Veolia, que están muy interesadas en expandirse por el mercado europeo.